La criminalización de la inversión
Imagínese que usted es un inversionista en un país extranjero. Usted llega al país con su capital para hacer una inversión presumiendo un Estado de Derecho. Decide seguir invirtiendo porque ve potencial económico en el país. Se convierte en el mayor inversionista extranjero en su actividad. Al llegar a ese punto, en vez de recibir apoyo de las autoridades, usted es sometido a una investigación penal basada en completos absurdos fácticos y jurídicos. ¿Cómo se sentiría usted? Obviamente, se sentiría seriamente intimidado y pondría en cuestión la inversión que ha hecho y las que tienen planeadas.
Esto le ha sucedido a AES Corp. en Panamá. Desde 1999, AES ha realizado cuantiosas inversiones. Ha construido la Central Hidroeléctrica de Canjilones (Estí); adicionó una tercera unidad y reemplazó las dos existentes para la Central Hidroeléctrica Ascanio Villalaz; y repotenció el Complejo Hidroeléctrico Chiriquí (Centrales Hidroeléctricas La Estrella y Los Valles). Recientemente construyó la Hidroeléctrica Chan 75. En total, AES ha sumado 465 MW de nueva capacidad de generación y aproximadamente US$ 1,500 millones en inversión, contribuyendo con el desarrollo de Panamá.
A pesar de estos esfuerzos y de un manejo profesional, al día de hoy los directivos de una de sus operaciones están siendo indagados por el supuesto delito contra la seguridad colectiva por el derrame de agua de la represa Ascanio Villalaz y la consecuente inundación de tierras inundables. La acusación del fiscal es, en mi concepto, inaudita y temeraria. Veamos los hechos que rodearon el derrame de agua de la represa:
El 7 de diciembre del año pasado hubo un evento climatológico excepcional. Durante unas horas se precipitó a tierra una cantidad de agua inédita. En los primeros 12 días de diciembre del 2010, la Estación Meteorológica de Tocumen registró 2,65 metros de lluvia, lo cual triplicó los promedios históricos registrados.
La ACP tuvo que cerrar sus operaciones, lo que sólo había hecho tres veces en 96 años, porque los lagos Gatún y Alajuela llegaron a niveles de agua sin precedentes (El lago Gatún experimentó el más alto nivel en su historia, con 88,5 pies). Las autoridades cerraron el canal por 17 horas. Anteriormente sólo había cerrado en dos ocasiones: en 1989, cuando los Estados Unidos invadieron Panamá, y en 1915-1916 por deslizamientos de tierra.
En Portobelo, las ruinas del complejo defensivo colonial, construidas en los siglos XVI y XVII, sufrieron derrumbes y destrucción por primera vez en cuatro siglos de historia. En esta población histórica se registró el mayor número de decesos por derrumbes.
En Darién, se desbordaron los ríos Chico y Chucunaque, cuyas aguas cubrieron la población de Yaviza. La crecida afectó las oficinas provinciales del MIDA, la ANAM, la Comisión Binacional para el Gusano Barrenador y del Servicio Nacional de Fronteras, que quedaron sumergidas.
Según el Gobierno Nacional, las lluvias elevaron a 11 las personas fallecidas, 13,071 personas y 2,586 viviendas afectadas, así como 2,720 damnificados en 19 albergues habilitados en Chepo, Darién, Colón, Panamá Oeste y Chilibre.
Por último, por meses la ciudad capital vivió las consecuencias excepcionales de este fenómeno, al verse sin agua potable, debido a la turbiedad más alta registrada en la historia del lago Alajuela.
Pero resulta que este fenómeno no importó según el fiscal. Según su pensamiento, los directivos de la empresa, mediante una desconocida fórmula sobrenatural, hubiesen podido evitar el derrame de las aguas de la represa, con lo cual, tierras que inmemorablemente fueron inundadas por el río Bayano, y que han sido declaradas inundables desde hace cerca de 40 años, no se hubiesen inundado ante el fenómeno natural más extremo del que tengamos memoria los panameños.
Según el fiscal, corresponde a estos señores la responsabilidad de la seguridad colectiva de las personas que viven en estos lugares inundables y no a los propios moradores y agricultores que saben que se encuentran en áreas que no pueden habitar. Tampoco les corresponde esta responsabilidad a los señores del SINAPROC, cuya misión es evitar que estas cosas sucedan o a cualquiera de las autoridades que han dado permisos para que estas personas se asienten allí. No, la responsabilidad es toda de los directivos de la represa, por no prevenir el fenómeno descrito. En vez de profundizar la relación que Panamá ya tiene con un socio de calidad, le estamos entrando a patadas. Para que Panamá avance al primer mundo, no es dable que se criminalicen actuaciones empresariales legítimas. Las responsabilidades, de existir, deben ser reclamadas por las vías apropiadas en un Estado de Derecho que se precie de serlo.
No es por nada que el país ha retrocedido 10 puestos en el rango internacional que emite el Banco Mundial relativo a hacer negocios. Son actuaciones de nuestras autoridades como las aquí descritas, las que nos están haciendo retroceder.
