La decepción de París
Los resultados de la reciente Conferencia sobre el Cambio Cismático (COP21), recogidos en el llamado Acuerdo de París, han dado lugar a diversas valoraciones. Para algunos representan una amplia base para avanzar en la solución del sobrecalentamiento global, mientras que son un simple agregado de objetivos, carentes de mecanismos efectivos de cumplimiento.
Entre los que consideran que el Acuerdo representa un hecho fundamental sin precedentes se encuentra, como era de esperarse, un amplio conjunto de economistas tradicionales, proponentes de la visión neoclásica sobre el ambiente, los que se alejan de cualquier crítica profunda del sistema dominante y su lógica centrada en las ganancias y su acumulación incesante. Entre estos, que privilegian los llamados mecanismos de mercado, se destaca Robert Stavin, el director del Programa de Economía Ambiental de la Universidad de Harvard, quien recientemente ganó notoriedad por acusar, sin contar con una base científicamente adecuada, al papa Francisco por sus posiciones en la encíclica "Laudato Si".
Para Stavin, el Acuerdo de París "proporciona una base amplia para un progreso significativo en el cambio climático". Las razones básicas que propone son que los países que han presentado metas de reducción representan el 90% de las emisiones totales de gases invernaderos, lo cual se logra, entre otras cosas, por el hecho de que ahora también se hace responsable a los países en vías de desarrollo. A esto agrega lo que él considera son mecanismos transparentes de información, así como la eliminación de las responsabilidades obligatorias por parte de los países desarrollados por daños en los menos desarrollados, lo cual se compensaría con una política de financiamiento hacia los mismos, destinada a promover una transición hacia el desarrollo sostenible.
Frente a esta posición están quienes, desde una posición más crítica al sistema, vinculada a la economía política y a la ecología política, han venido señalando los problemas existentes en los resultados de la Conferencia de París. Es así que para Joan Martínez Alier "la visión negativa está justificada, pues no hay compromiso vinculante de la reducción de emisiones, y tampoco en la práctica se ha reconocido la deuda climática". Conviene, entonces, analizar más a fondo estas dos críticas.
En primer lugar, el Acuerdo establece que cada país decide con su propia política, es decir voluntariamente, cuál será su compromiso en términos de la reducción de la emisión de gases invernadero, así como el incremento de esta meta cada cinco años. De acuerdo con Oscar Reyes, investigador vinculado al Institute for Policy Studies, el compromiso cuantitativo agregado de los 176 países que, de los 195 asistentes a la Conferencia, decidieron entregar sus metas es insuficiente, ya que aun cuando estas se cumplieran, el mundo seguiría en una trayectoria que llevaría a un aumento de la temperatura de tres grados centígrados por sobre el nivel previo a la Revolución Industrial. Seguiríamos, entonces, en la ruta de la catástrofe que nos amenaza.
El recientemente fallecido Douglas North, quien apenas pretendió incluir el impacto de las instituciones en el razonamiento económico tradicional, destacó el hecho de que una institución no solo implica la presencia de una clara regla de juego, que genera una estructura de incentivos compatibles con su objetivo. También insistió en que la misma, para ser efectiva, precisa de un mecanismo de forzoso cumplimiento, que la haga estrictamente vinculante. El hecho de que el Acuerdo de París no establezca ninguna sanción por el incumplimiento de las metas propuestas voluntariamente hace que todo el convenio carezca de una verdadera base institucional vinculante. No en vano James Hansen, conocido como el padre de la conciencia sobre el cambio climático, haya calificado el Acuerdo de la siguiente manera: "Es solo palabras. No hay acción, solo promesas".
En segundo lugar, en términos del intercambio ecológico desigual y de la deuda ecológica que por su impacto los países desarrollados mantienen con los menos desarrollados, el Acuerdo también carece de efectividad. No solo se excluye cualquier obligación de reparación por parte de los primeros por daños y efectos generados sobre los segundos. Se establece, además, un flujo financiero desde el mundo desarrollado hacia los países de menor desarrollo relativo destinado a promover el desarrollo sostenible, cuyo monto anual, aun cuando se cumpla, representa, de acuerdo a la organización Climate Fairshare, apenas una cuarta parte de lo que efectivamente sería necesario.
Nos encontramos frente a un Acuerdo decepcionante. Hace falta, entonces, un esfuerzo destinado al avance de un enfoque alternativo. Para lograr esto se deberá insistir en las tareas vinculadas con la conciencia ambiental.
Economista
