La demagogia: democracia prostituida
Hay discursos que no dicen las verdades, suelen ser discursos de políticos, la mayoría de ellos, generalmente demagogos. La demagogia es una perversión de la seriedad política. Se expresan ideas y se hacen alegaciones solamente para agradar a las masas, a esa muchedumbre irredenta de justicia, de necesidades básicas, alimentos sanos y nutritivos, de justicia, también de justicia social, de igual y equidad, en fin. Los discursos demagogos se lanzan a diestra y a siniestra, como quien reparte papeletas en las avenidas sin tener destinatario cierto, aunque, a veces, los tiene. La demagogia es la perversión y muestra palpable de la prostitución de la democracia. Degenerada en lo pusilánime y en la burla, pierde toda connotación de seriedad y respeto hacia los ciudadanos y la mentira se convierte en la herramienta o instrumento idóneo para engañar a las multitudes. Las mentiras, en sí mismas perversas, lo son también en sus formas: tienen el poder de venderse o sembrarse en la psiquis social como serias, como buenas, indicando o proyectando la idea de que el orador político habla con sinceridad, honestidad, credibilidad. Pero todo es pura demagogia, ya que la mentira se disfraza, muy bien, de aparente verdad. La mentira termina aceptándose como verdad. Eso es lo triste.
Los pueblos también, tristemente, siguen creyendo en los demagogos, mentirosos, hombres y mujeres políticos todos ellos, de poca monta, sin moral ni ética, sin respeto al semejante, menos a la ciudad; caen en una especie de indiferencia o de poco importa con los sentimientos y la opinión social. Se ensoberbecen en los puestos y en los cargos públicos. Se llenan de vanidad, por cierto, siempre inescrupulosa. Son desfachatados, irreverentes e irrespetuosos. No aplauden ni respetan el talento, despotrican en contra del honor de los demás; son serviles, arrastrados, genuflexos, mojigatos y se venden muy bien como hombres y mujeres supuestamente sanos, pero por dentro llevan el veneno del áspid, de la serpiente más venenosa.
Como son familiares de los animales que se arrastran, saben, muy bien, cómo moverse. Deambulan por los despachos y ante los personeros de altos cargos traficando el poder, beneficiándose del poder, tratando con el poder y usando, en beneficio propio, el poder del que el pueblo los ha revestido. Estos son apenas una clase de demagogos, los que instrumentan el poder para beneficiarse del poder. Pero los hay quienes, teniendo el poder, ejerciendo el poder, lo convierten en una herramienta de un pequeño círculo con el fin de hacer del ejercicio del poder el mejor y más lucrativo negocio, algo así como una cofradía para delinquir, una asociación ilícita para perpetrar delitos. Todo ello ha conllevado, tristemente, en que hoy día, en las naciones, no sabemos si hay más delincuentes en las calles que los que con saco y corbata están en los Gobiernos y también en las grandes empresas o corporaciones. Ese es un derecho penal corporativo: no de los delitos que se comenten en detrimento de las corporaciones, sino del delito que perpetran las corporaciones. Son dos cosas diferentes. El delincuente, cuando comete el delito o hecho criminoso, sabemos que lesiona un bien jurídico determinado: el que mató, violó, robó, etc., pero el que desde los Gobiernos o de la alta y grande corporación comete un delito, ese tiene el potencial lesivo o dañino de destruir bienes jurídicos colectivos, sociales, y por ello no yerro en afirmar que hay, luego, más delincuentes en el otro extremo –el de los Gobiernos y las corporaciones- que en las calles o avenidas de nuestros pueblos y ciudades.
Toda esa parafernalia, la causada por la demagogia, tiene el efecto propio de los narcóticos, cuya capacidad es ir destruyendo la capacidad crítica de los ciudadanos, ya que creen, bobamente, en esos sueños de opios, de promesas engañosas, vilipendiosas, que nunca se cumplen.
Por ello, debo concluir diciendo que: ¡Qué bueno habría sido si en lugar de entregarle a la empresa Del Monte las tierras de nuestro Estado, se las hubiésemos entregado a nuestra propia gente para que las trabajaran, desarrollaran, o que el Estado, el Gobierno Nacional, él, por cuenta de todos los panameños, hubiere hecho una inversión de los cien o doscientos millones de dólares, y así, sin duda alguna, todo quedaría entre los panameños, y no dar la plata y el trabajo para las transnacionales!
Abogado
