La doble moral de los PRDs
Es un hecho conocido por todos que el ex Alcalde Juan Carlos Navarro era un connotado ambientalista antes de incursionar en la política. Y es que, después se convirtió en político y se olvidó de su compromiso de luchar por la protección del ambiente.
Juan Carlos Navarro y Balbina Herrera se han caracterizado por su doble moral frente al tema ambiental, ya que han salido lanza en ristre a exigir que suspendan la discusión de la reforma al Código de Recursos Minerales y se llame a un referéndum. Pero curiosamente, la administración de Martín Torrijos se caracterizó por propiciar la destrucción de nuestros recursos naturales y Juan Carlos Navarro miró para otro lado.
La ingeniera Balbina Herrera, como titular del MIVI, se hizo famosa por los cambios de uso de suelo, a pesar de todas las protestas de los ambientalistas, como es el caso del cambio de uso de suelo, para realizar el proyecto Santa María Golf & Country Club con el cual se afectan 18.5 hectáreas de Manglar en el área de Juan Díaz. Y esta área fue identificada por el propio MIVI como zonas de reserva ecológica, a través de la Resolución 1-80 de 3 de enero de 1980.
Balbina, para aprobar la destrucción de estos manglares, se llevó de calles el Decreto Ejecutivo No. 205 de 28 de diciembre de 2000, que también especifica que deben conservarse los manglares de Juan Díaz. Pasó por encima de la Ley 6 de 1 de febrero de 2006 que reglamenta el ordenamiento territorial para el desarrollo urbano. Y como si fuera poco, se limpió con el Decreto Ejecutivo No. 23 de 16 de mayo de 2007, por el cual se reglamenta la Ley 6 de 1 de febrero de 2006.
En un fallo reciente, la Corte Suprema de Justicia anuló las Resoluciones 09-2007 de 26 de febrero de 2007 y 10-2007 de 27 de febrero de 2007, con las cuales Balbina Herrera cambió el uso de suelo (de urbano a industrial) de cinco polígonos en Rodman, para permitir la construcción de una planta de molienda de clinker en las riberas del Canal.
Los magistrados concluyeron que las resoluciones violaron dos leyes: la Ley 21 del 2 de julio de 1997, por la cual se creó el plan general de uso, conservación y desarrollo del área del Canal y la Ley de Transparencia, que garantiza la participación ciudadana en los actos de la administración pública. Los PRDs no tienen moral para levantar la bandera del ambientalismo en Panamá. Ahora piden participación ciudadana, mientras que ellos no escucharon a nadie.
* Presidente de la Fundación de La Voz de Arraiján.
