La eterna cenicienta del presupuesto
A pesar de que la legislación panameña señala que la administración de justicia debe recibir el 2% del presupuesto anual del Estado; la llamada dama de la justicia sigue siendo la eterna cenicienta en esta materia.
Lo más preocupante es que esta realidad la están viviendo el Ministerio Público (MP) y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) hoy ante la segunda fase de la implementación del sistema penal acusatorio en Herrera y Los Santos, el próximo 2 de septiembre, con recortes abismales en sus presupuestos. Al MP se le recortaron unos 60 millones de dólares y al Imelcf, 20 millones.
Este nuevo sistema de juzgamiento penal, operado por ambas instituciones, ha demostrado que para arrojar resultados positivos, requiere de un presupuesto cónsono con la inmediatez que los procesos requieren y el procedimiento impone.
La experiencia vivida en Coclé y Veraguas, desde septiembre de 2011, ha revelado que el talón de Aquiles de su efectividad se encuentra en la falta de peritos y equipo especializado para realizar las pruebas técnicas y científicas dentro de un proceso. Así lo reveló un estudio realizado por Alianza Ciudadana Pro Justicia que destaca que el Imelcf tiene un déficit de peritos de un 40% y que dicha problemática no se ha podido solucionar por falta de presupuesto desde 2011.
La investigación del asesinato del exgobernador Darío Fernández, en Coclé, fue una muestra de que se requiere de más inversión, puesto que este caso estuvo estancado por varios meses debido a que el Imelcf no contaba con un equipo para observar y evaluar un video. Esta clase de deficiencias ha empañado la efectividad del sistema penal acusatorio. Y la solución no es decir que el sistema no funciona, la solución está en darle un mayor presupuesto a la administración de justicia para que brinde las herramientas necesarias a sus operadores, con el fin de recibir una justicia ágil y expedita.
