La gobernabilidad se ha agotado
En el escrito anterior señalaba que el presidente de la República, Juan Carlos Varela, tiene en sus manos la posibilidad de crear la Sala Quinta y romper con el mito del cuco del control de la Corte. Pero esto requiere que se desprenda de cualquier interés de nombrar como magistrados a sus amigos y allegados. Es evidente que el presidente no va a crear una Sala Quinta con el compromiso de que se nombren tres magistrados que no respondan a su partido político, que no sean sus amigos personales y que no pertenezcan a su círculo cero. Es más cómodo alegar que es una facultad del Consejo de Gabinete (que siempre va a votar conforme a lo que quiere el presidente), nombrar los Magistrados de la Corte Suprema. Sin embargo, si el presidente quiere que haya independencia judicial, nada le impide nombrar los magistrados propuestos por una comisión integrada por universidades, el Órgano Judicial y las organizaciones más representativas de la Sociedad Civil.
A pesar de que el hoy presidente, en su campaña electoral prometió transparencia en cada procedimiento del Estado, convocatoria de una asamblea constituyente paralela para fortalecer la separación de poderes y la creación del Consejo Superior de la Judicatura (para lo cual primero hay que cambiar la Constitución) que se encargaría de la administración de los despachos judiciales, en la práctica el Ejecutivo ha hecho valer todo el poder que le da el sistema presidencialista. Impuso como procuradora a la Licda. Kenia Porcell, quien salió de la Presidencia. A pesar de que el presidente prometió que se nombraría a un contralor independiente, impuso al Licdo. Federico Humbert, quien en la campaña política anunció su respaldo al candidato del Partido Panameñista. Impuso en la Defensoría del Pueblo al Dr. Alfredo Castillero, quien siempre fue el ungido del Ejecutivo y connotado miembro del Partido Panameñista. Y, para ponerle la cereza al pastel, el Ejecutivo impuso al Licdo. Alfredo Juncá como magistrado del TE.
Esa insistencia del Ejecutivo de controlar todos los órganos del Estado y las instituciones públicas, se traduce en una total desconfianza en nuestro sistema de gobierno y en la administración de justicia. Esta crisis de confianza que afecta a la política, a la justicia y también a la Asamblea Nacional, es un indicativo de que el sistema de gobernabilidad "se ha agotado".
La reacción de un abogado a mi propuesta de crear una Sala Quinta fue: "Mientras uno solo de los que regentan la corte y el MP siga despachando, en Panamá jamás tendremos justicia". No comparto este criterio, en razón de que en todas las instituciones y en todos los cuerpos colegiados hay buenos y malos funcionarios. El problema no se resuelve cambiando un funcionario por otro, porque estamos frente a un problema estructural y un sistema que no funciona. La respuesta está en la revisión de nuestro régimen político a través de una nueva constitución. Continuará. Presidente de la Fundación Guardianes del Ambiente.
