La historia es maestra de experiencia
Con experiencias como las que han sufrido los países de América Latina y el Caribe a través de la historia --y particularmente Panamá, a lo largo de casi un siglo en su lucha por la recuperación de su Canal y soberanía en todo el territorio --si los hombres de gobierno o los que aspiran al poder estudiaran cómo se descapitalizan nuestros pueblos, cómo se hacen las concesiones, cómo las riquezas del suelo y del subsuelo latinoamericano se entregan a los grandes consorcios del exterior, cómo la corrupción empobrece nuestros pueblos, cómo, en fin, no hemos sabido aprovechar nuestra privilegiada geografía interoceánica; si en lugar de oportunismo político tuviéramos estadistas intelectual y moralmente capaces, para no dejarse vencer ni sobornar (justificables y benditas sean algunas excepciones), es indudable que nuestra situación, a base de honestidad, patriotismo, conocimiento y ánimo de enfrentarla, sería muy diferente a la trágica realidad que contemplamos a lo largo y ancho de la mitad de nuestro continente.
Cuando vemos los cientos de millones de dólares que exportamos: que exportan los concesionarios extranjeros a sus metrópolis, en hierro, en oro, en cobre, en plata, en gas, en banano, en petróleo, en negocios diversos, y cuando advertimos hasta qué punto nuestros pueblos están aún en la miseria, las grandes mayorías descalzas, el campesino sin escuelas y sin ducha en climas tropicales, o sin calor ni abrigo en las frías alturas de Los Andes, sentimos una profunda pena: la pena de la incapacidad oficial, de la falta de responsabilidad, de visión o de honradez en algunos gobiernos latinoamericanos y del Caribe.
Pero volvamos al caso específico nuestro: el Canal de Panamá. Desde el 31 de diciembre de 1999, fecha histórica en que se dio la transferencia del mismo, todos los panameños y panameñas somos los únicos dueños absolutos de nuestra vía interoceánica, ahora bajo la administración de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).
Durante estos 14 años, se ha recibido mayor beneficio económico que lo logrado durante más de 80 años bajo la jurisdicción de los Estados Unidos de América. En 2005, en razón de la demanda del comercio y la navegación mundiales, se planteó la necesidad de la ampliación y modernización del Canal de cara al futuro. En atención a esos requerimientos, después de realizados varios estudios de factibilidad, bajo la coordinación de la ACP, el entonces presidente de la República Martín Torrijos presentó a la consideración de los panameños el proyecto oficial de la ampliación del Canal, para que fuera debatido a nivel nacional.
Claro que no faltaron opiniones en desacuerdo, porque en un proyecto de tal magnitud y envergadura, que afecta de manera directa o indirecta los sagrados intereses nacionales, o el bien común de todos los panameños, siempre tendremos un pro y un contra, como el contra manifiesto por distinguidos ciudadanos a través de un documento público, sin embargo, el gobierno de Torrijos reiteró, una y otra vez, su particular interés en que la ciudadanía conociera a fondo el contenido de la propuesta oficial para que tuviera elementos de juicio en el momento de ejercer su voto en el referéndum (2006), cuyo resultado final determina el futuro del Canal de Panamá en el presente siglo.
Eso quiere decir que hay un clima de tolerancia, de libertad, de comprensión, que debemos aprovechar los panameños todos para prepararnos y ofrecerle a nuestra querida patria un porvenir menos adverso, más humano y venturoso, a base de técnicos, de profesionales, de ciudadanos bien capacitados para tomar su sitio, como accionistas efectivos, en la administración de nuestra vía interoceánica ampliada y modernizada como lo exige el mundo moderno, de hoy y de mañana.
Tuvimos, pues, un presidente de la República y su gobierno dispuestos y decididos a encarar la modernización del Canal mediante la construcción de un tercer juego de esclusas para enfrentar el desafío del mundo actual y para lo cual solicitó y logró el apoyo indispensable del pueblo panameño, a través del proceso democrático que informa la realización de un referéndum, mediante el cual se dio la debida aprobación ciudadana.