La inflación y el control de precios
La inflación, tal como la observada en los productos alimenticios durante los últimos años, no es un simple incremento generalizado de los precios. Este es un mecanismo que conlleva un traspaso de ingresos desde determinados sectores sociales hacia otros. Generalmente se trata de un traslado de estos desde los sectores asalariados, informales, pensionados y jubilados hacia los sectores especuladores que controlan la comercialización de los bienes básicos de consumo. Es así, por ejemplo, que, en Panamá, en gran parte como resultado de la inflación, los asalariados pierden más de $2,600 millones anualmente.
La inflación y el alto costo de vida son el resultado de la presencia de precios controlados por las empresas oligopólicas, los que lejos de corresponder a la competencia perfecta o al valor social de los bienes, contienen un sobreprecio que aseguran un nivel de ganancia especulativo. En este caso la regulación de precios por parte del Estado no solo se justifica como una medida destinada a eliminar las distorsiones de precios, sino guiada principalmente a recuperar la capacidad adquisitiva de la población. Para esto se introducen los controles de precios o precios administrados.
Con el fin de no frustrar el proyecto regulador es necesario recordar con Jan Timbergen que cuando se propone una política económica se debe asegurar que existe un instrumento de política por cada uno de los objetivos. Es conveniente, entonces, establecer que el objetivo anterior se desdobla en dos: frenar o reducir los precios hasta un nivel adecuado, y asegurar que a ese nuevo precio exista la oferta suficiente para satisfacer toda la demanda de la población.
En cuanto a la fijación del precio regulado (administrado) resulta importante asegurar la presencia de tres elementos. El primero es establecer claramente los parámetros técnicos que definen cada producto a ser regulado, lo cual es fundamental para que la medida no se burle de alguna u otra manera, reduciendo, por ejemplo, la calidad. En segundo lugar, debe quedar claro la forma en que se calcula el precio administrado, aclarando cuáles son los precios y costos que sirven de referencia, esto implica aclarar su relación con el conjunto del sistema de precios, entre los que se encuentran los precios a los productores agrícolas. En tercer lugar, establecer claramente que para cantidades normales en la compra al por menor el precio fijado rige para cualquier cantidad adquirida. De no hacerse esto último se estaría discriminando frente a los consumidores más vulnerables, es decir los más pobres. La precisión en estos tres elementos es fundamental para el buen funcionamiento del sistema regulatorio. ¿La tendrá el plan propuesto por la administración entrante? Lo cierto es que en su plan de campaña poco se aclara al respecto.
DESDE EL PUNTO DE VISTA INSTITUCIONAL EL CONTROL DE PRECIOS PRECISARÍA, ADEMÁS, DE DOS ELEMENTOS QUE ACTUALMENTE NO ESTÁN PRESENTES: UNA POLÍTICA ANTIMONOPÓLICA MÁS ESTRICTA Y DECIDIDA QUE LA EXISTENTE; Y EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA, ASÍ COMO LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES A LOS TRANSGRESORES...
La fijación del precio solo logra la compatibilidad con el objetivo del costo al consumidor, haciéndose necesario un instrumento de política que asegure, que establecido el mismo, la población puede satisfacer todas sus necesidades. De no darse esto se podría, por ejemplo, generar una escasez ficticia por parte de los especuladores, la cual tendría como fin generar “colas” destinadas a frustrar la política de recuperación de la capacidad adquisitiva de la población, desprestigiando además el mecanismo de regulación. Para evitar esto existen diversas formas de intervenciones públicas. Entre ellas: la existencia de reservas públicas que puedan introducir al mercado vía almacenes reguladores del Estado que vendan el producto al precio oficial; la organización de la comercialización en forma tal que conecte directamente al producto y el consumidor; la organización de cooperativas de consumo. De estas intervenciones las reservas públicas destinadas a compensar cualquier desabastecimiento provocado son, a nuestro juicio, fundamentales. Lastimosamente el programa de campaña de las nuevas autoridades no plantea absolutamente nada al respecto.
Desde el punto de vista institucional el control de precios precisaría, además, de dos elementos que actualmente no están presentes: una política antimonopólica más estricta y decidida que la existente; una institución con capacidad de realizar los cálculos necesarios y asegurar la vigilancia y el forzoso cumplimiento de la norma, así como la aplicación de las sanciones a los transgresores de las mismas.
A fin de cuentas se debe insistir en que la regulación de precios, como medida imprescindible, en nuestra economía debe ser adecuadamente diseñada e implementada. De lo contrario se le estaría siguiendo una trayectoria favorable a los especuladores en bienes alimenticios de primera necesidad. Queda, además, un tema por aclarar, la relación entre el precio administrado al consumidor y el precio al productor. Este será el motivo de otro artículo.
