La justicia debe ser para todos

Guillermo Antonio Ruiz Q. /Ingeniero y comunicador social

Desconcierto. Esa parece ser la palabra clave dentro de un proceso que se inicia con el advenimiento de la administración gubernamental instalada el pasado 2014. Transparencia y honestidad nos prometieron, lo que es el equivalente a que un vendedor de autos nos prometa que contaremos con llantas y vidrios. La realidad nos golpea fuertemente.

Desde que recuerdo, las acusaciones de supuesta corrupción gubernamental se inician con el advenimiento de la democracia cuando, de manera solapada pero constante, se hablaba mucho del “Club La Llave” durante la primera administración democrática. Luego de la salida del Molirena del gobierno (que nadie recuerda), las acusaciones de supuesta corrupción dentro de ese gobierno han quedado para la posteridad en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional.

Así podemos enumerar proyectos y gobiernos. Luego de cada administración, los nuevos inquilinos del Palacio de las Garzas llegan prometiendo barrer con la “corrupción imperante”, y terminan en nada. Hacían un show mediático durante un tiempo y luego todo quedaba en el olvido.

Eso ha cambiado en esta etapa. Diariamente acuden a las fiscalías anticorrupción, personeros de la administración pasada para ser indagados por los fiscales del Ministerio Público. Hasta aquí todo normal. Investigar las acusaciones es lo correcto. Los panameños merecemos explicaciones para determinar, en justicia, qué se hizo bien y qué no.

Pero el ejercicio del combate a la corrupción que observamos actualmente deja muchas dudas en su ejecución. Crece la percepción de que hay temas que se van olvidando y nadie entiende la razón. Nadie entiende qué motiva la investigación exhaustiva (y cómo debe ser) de ciertos proyectos del gobierno pasado, y otros son ignorados. Y ni hablar de otros proyectos denunciados en administraciones anteriores a la de Ricardo Martinelli.

Quiero comenzar por un proyecto que nunca ha funcionado. Las famosos “semáforos inteligentes”, un proyecto que le iba a cambiar la cara a la ciudad y permitiría que el tráfico avanzara de manera importante, necesita ser investigado. No es necesario un experto en el tema para demostrar que este proyecto no tiene nada que ver con lo que se nos prometió cuando se adjudicó. ¿Quién investiga eso?

Durante un largo tiempo, se insistía desde el Ministerio de Economía y Finanzas en construir un edificio en la Avenida Balboa, al cual se trasladaría la institución mencionada y las demás agencias gubernamentales relacionadas. Para esto, se iniciaron una serie de estudios y otras acciones similares. Se derribó la antigua sede de la Embajada americana. De repente, este proyecto se canceló. ¿Quién investiga esto?

La compra de los corredores Norte y Sur no necesitan muchas explicaciones para que comprendamos que es una de las acciones más cuestionables de la pasada administración. Se nos prometió que en pocos años podríamos contar con estas vías ampliadas y gratuitas. Nada más alejado de la realidad. Incluso ahora tenemos que hacer largas filas para cambiar el sistema de pago. Y nada de ampliación. Pero nadie habla del tema. Es como si nunca hubiera sucedido. Incluso da la impresión de que nunca se pagaron casi 700 millones de dólares (cifra que excede lo necesario para reformar íntegramente nuestro sistema educativo). ¿Quiénes estaban detrás de esta acción, que ahora no se habla nada del mismo. Veo que se investigan proyectos con mucho menos monto que este. ¿Quién investiga esto?

La famosa Dirección General de Ingresos dio que hablar toda la administración pasada. Los medios de comunicación presentan la supuesta existencia de una empresa de cobros de la que se comenta muy tenuemente cosas no muy claras, pero no se entiende el papel de la misma. ¿Quiénes están realmente detrás de esto que, lo único que vemos es a personas defendiéndose de acusaciones en los medios que ningún fiscal ha hecho? ¿Quién investiga esto?

Los panameños no queremos ni persecución política ni cacería de brujas. El lema que muchas ONG han acuñado de “caiga quien caiga” no debe ser un eslogan de campaña gubernamental. Debe ser real. Y no es la que se percibe en la calle.

Por el bien de nuestra nación, es el momento para que el Sr. presidente Juan Carlos Varela proponga la creación de una fiscalía especial especializada, con presupuesto y personal adecuado, para iniciar el real adecentamiento de nuestra sociedad. No se les puede pedir a los ciudadanos abandonar el “juegavivo”, mientras no se combata la corrupción sin importar el nombre del posible involucrado.

Estamos viviendo un momento irrepetible, en el que nuestra sociedad se puede salvar de vivir lo que otras, camino a ser Estados fallidos, sufren, o hundirnos en una vorágine que nadie puede determinar claramente cómo terminará.