La justicia prometida
Las idas y venidas de personajes que desempeñaron cargos públicos en el gobierno anterior y de particulares de cuya existencia empezamos a enterarnos, han puesto en el escenario nacional el tema de la justicia, especialmente la penal. El 11 de septiembre del año pasado, este diario me publicó un artículo de opinión titulado “La Justicia real vs. reality show” en el que expresé lo que sigue: “El país fuera feliz si la justicia real tuviera la aceptación de que se vanagloria la justicia del reality show. El desarrollo nacional estaría garantizado si la justicia de los tribunales logra contagiarse de la confianza nacional. Todos estaríamos seguros si el castigo fuese pronto y tangible, y si las controversias de los particulares se desataran sin zonas grises de sospechosa”.
LA CONFIANZA QUE NOS MEREZCAN LOS JUZGAMIENTOS ACTUALES NO PUEDE CIFRARSE EN QUE SEAN SENTENCIADOS LOS QUE YA VIENEN SIENDO EXHIBIDOS COMO CONDENADOS.
En los últimos meses, la justicia real le viene ganando terreno a la del reality show. La cobertura de trámites judiciales ha adquirido niveles sorprendentes que, sin duda, deben estar reflejándose en la caja registradora de los medios dedicados a esa exposición. Eso, sin duda, es parte del negocio que caracteriza nuestro sistema económico.
NO DEBERÍAMOS PRESTAR OBSESIVA ATENCIÓN A LO QUE UN PROCESADO DECLARÓ O INSINUÓ, O SOBRE LA DECISIÓN DEL FISCAL O LA PROPORCIONALIDAD DE DETERMINADA MEDIDA CAUTELAR. AL FINAL DEL DÍA, AUNQUE NOS INTERESE QUE SE HAGA JUSTICIA, EL PLEITO CONCIERNE A LAS PARTES DIRECTAMENTE INVOLUCRADAS Y SUS ABOGADOS DEFENSORES.
Lo grave del asunto tiene otra connotación porque la publicidad minuciosa, persistente y constante que viene recibiendo los casos de corrupción que se ubican en la época del gobierno anterior, con independencia de la posición que cada uno tiene el derecho de asumir, viene sirviendo, de manera casual o porque así ha sido planificada, para ocultar o desviar la atención sobre el verdadero crucigrama de la justicia penal panameña. No deberíamos prestar obsesiva atención a lo que un procesado declaró o insinuó, o sobre la decisión del fiscal o la proporcionalidad de determinada medida cautelar. Al final del día, aunque nos interese que se haga justicia, el pleito concierne a las partes directamente involucradas y sus abogados defensores.
Lo trascendental para el país es que exista la estructura necesaria para que todos confiemos en el proceso legal y aceptemos cualquiera sea su resultado. La confianza que nos merezcan los juzgamientos actuales no puede cifrarse en que sean sentenciados los que ya vienen siendo exhibidos como condenados.
La seguridad jurídica que todos nos merecemos depende de si el gobierno actual cumple con lo prometido en materia de la modificación estructural del Estado nacional. Y este es el objetivo básico que estamos descuidando por estar empeñados en la dirección que nos indican los intereses particulares que manipulan los reflectores de las cámaras de TV, la tinta de los periódicos y las hondas hercianas de la radio. Nos están manipulando la mente y los corazones en razón del justificado anhelo de justicia penal generalizado.
En su plan de gobierno, los partidos Panameñista y Popular nos prometieron un gobierno de unidad nacional, de diálogo y de consenso en todos los niveles poniendo siempre “… al Pueblo Primero en todas sus decisiones”. Dijeron, además, que impulsarían las reformas y recomendaciones contenidas en el Pacto de Estado por la Justicia, el Foro Panamá 2020 y las sugerencias de la Comisión de Notables sobre reformas constitucionales. Y, como medida concreta, convocarían una asamblea constituyente paralela, cuyos preparativos se iniciarían “… desde el primer año de gobierno…” y que convocarían “… dentro de los primeros 2 años de gestión…”.
¿Cuál ha sido la respuesta del candidato convertido ahora en presidente de la República? Que esa promesa de asamblea constituyente paralela está dependiendo de circunstancias, cuya naturaleza y alcance no aclaró ni insinuó.
¿Puede, entonces, haber justicia penal dentro de la camisa de fuerza que impone la Constitución actual? ¿No deberían los fiscales y jueces dedicarse a tramitar y resolver los casos de alegada corrupción mientras el gobierno empieza a tributarles respeto a sus promesas de campaña? ¿Por qué no somos convocados a cambiar el país?
