La justicia a prueba
La decisión del Segundo Tribunal de Justicia de abrirle causa criminal al ex ministro de Gobierno y Justicia, Daniel Delgado Diamante, por el homicidio del cabo Andrés García, habla bien de la independencia del sistema judicial panameño.
Llevar al banquillo de los acusados a un prominente ex ministro de Estado después de 40 años de ocurridos los hechos que se le imputan, es un reto superado.
Este caso reviste doble importancia para el aparato judicial, porque por un lado se trata de un hecho ocurrido en plena dictadura militar y que fue engavetado por el gobierno de facto, y por el otro, el escándalo estalla en el preciso momento en que el ex militar ocupa el cargo de ministro de Estado.
Hasta el momento, las investigaciones parecen haber respetado el debido proceso, el aparato judicial ha guardado los derechos de la familia del occiso y del imputado. Pero el reto no termina allí, la administración de justicia debe soportar ahora los embates que seguramente provendrán de sectores interesados.
Independientemente de cuál sea el fallo, este caso creará jurisprudencia en la justicia panameña. Si se aplica el debido proceso para todas las partes, los operadores judiciales involucrados pasarán a la historia como los que aplicaron el concepto de que “la justicia tarda, pero llega”. De lo contrario, se perderá una bonita oportunidad para recuperar un poco de la credibilidad perdida.
