La Ley 30 y la Sociedad Civil

El pasado 28 de agosto, más de 56 organizaciones aprobaron el siguiente Comunicado al País:

“La Asamblea Ciudadana, conformada por diversas asociaciones, gremios, sindicatos, grupos y ciudadanos independientes, como parte de la sociedad civil organizada, quiere por este medio expresar, una vez más, su repudio por los ataques que hemos recibido en las últimas semanas de parte de funcionarios del Gobierno, del Ministerio Público y del Partido Cambio Democrático, por nuestra posición y acciones en defensa de los Derechos Humanos, particularmente por nuestras denuncias ante el manejo de las protestas en Changuinola, Bocas del Toro.

Es evidente que estos ataques directos o mediante cuñas radiales y televisivas, como en programas de opinión por personeros del gobierno, contra algunos de los miembros de la Asamblea Ciudadana no tiene otro propósito que amedrentar e intimidar y de paso intenta descalificar el trabajo que por años han realizado nuestras organizaciones en defensa de los derechos humanos, la justicia y la democracia.

Estos ataques persiguen confundir a la población, respecto a la responsabilidad que le corresponde a las autoridades, por la violenta y desmedida represión que se dio en Bocas del Toro, por el rechazo a la imposición de la Ley 30, repudiada por diversos sectores del país y que produjo muertos, heridos, detenciones, un desaparecido y procesos judiciales amañados que aún no han sido aclarados en su totalidad.

Esta actitud lejos de llamar a la conciliación lo que está provocando es la división y la confrontación entre hermanos por lo que nos preguntamos ¿Quiénes son los que están desestabilizando al país? Por lo expresado, hacemos un llamado a que se detengan los actos intimidatorios contra los activistas de derechos humanos y sus organizaciones.

Nos reiteramos en los reclamos realizados en nuestra asamblea del 17 de julio:

1. Exigir la derogación de la Ley 30 de 2010 y la Ley 14 de 2010 por atentar contra derechos humanos fundamentales.

2. Exigir la derogación del Decreto Ejecutivo 537 de 2010 que viola la autonomía de la Comarca Ngäbe-Buglé.

3. Exigir la debida atención en salud y una indemnización, por parte del Estado, para las víctimas de Changuinola y sus familiares directamente afectada, y que la misma sea proporcional al daño causado.

4. Exigir la destitución de los Ministros de Seguridad Nacional, José Raúl Mulino, de la Ministra de Trabajo, Alma Cortez, así como del Director de la Policía Nacional, Gustavo Pérez.

5. Exigimos como corresponde, instruir las sumarias respectivas y sancionar ejemplarmente a los responsables de los delitos cometidos contra los manifestantes en Bocas del Toro.

Luego de lo acontecido con la aparición de Valentín Palacio nos manifestamos en contra de cualquier intento de cerrar la investigación de este caso, ya que el país merece conocer quiénes fueron los culpables de la privación de libertad y tentativa de homicidio contra este ciudadano y que se sancione a los responsables de estos hechos.

Exigimos el cese de la persecución contra la dirigencia gremial de los servidores públicos.

Hacemos un llamado al pueblo panameño y sus organizaciones a que nos mantengamos en alerta frente a la agresión de la dimensión ambiental que sufrimos, en especial la comunidad de Coclesito, y en alerta ante la politización y manipulación de la justicia, entre otros temas que afectan la plena vigencia de los derechos humanos en Panamá”.