La Ley Chorizo y el Medio Ambiente en Panamá
En términos generales, al Gobierno actual le ha ido bastante mal con la promulgación de la Ley 30 o Ley 9 en 1 o Chorizo, más popularmente conocida. Peor aun le ha ido con la defensa rabiosa de esta ley que, en la actualidad tiene más del 70% de rechazo popular según las encuestas más recientes. Los incidentes de Bocas del Toro fueron apenas el inicio de las consecuencias que puede traer esta aventura oficial. La caída de popularidad del Ejecutivo y del gobierno en general, es una consecuencia de estas medidas y todo indica que la tendencia de caída se mantendrá, al menos que haya un cambio notable en esta y otras medidas impopulares. La Comisión o Mesa que se creó para discutir esta ley es un diálogo de sordos que fenecerá en pocos días, y dará paso a acciones de presión popular por parte de los gremios afectados.
Dejando aparte los aspectos que no alcanzan al Medio Ambiente, ya se ha demostrado que el punto de la Ley que modifica la Ley General del Ambiente, es básicamente inconstitucional, ya que según la propia Carta Magna, solo la ANAM podía introducir esta iniciativa de Ley. Pero la propia modificación de esta ley, introducida directamente por el Ejecutivo, y que no fue tratada por la Comision Legislativa del Medio Ambiente, obviamente tiene una intención manifiesta. Mientras que los ambientalistas dicen que esto se hizo para permitir que las empresas mineras y otras puedan hacer lo que les de la gana, amparadas por la ley, el Gobierno alega que esto solo se hace para facilitar la creación de proyectos de interés social, como hospitales, escuelas, carreteras, puentes, etc. Si esto es así, el aspecto ambiental de la Ley 30 se podría resolver, sin derogar la Ley, con una modificación legislativa. Simplemente se agrega a la frase interés social, y Sin Fines de Lucro.
Dicho sea de paso, realmente la modificación de la parte ambiental, con la Ley 30, es prácticamente innecesaria. Como vemos con lo que sucede en Petaquilla y otras partes del país, las empresas mineras, con o sin ley, hacen lo que quieren. Ignoran o se burlan de las observaciones o multas de la ANAM, de las protestas de los ambientalistas, y de la oposición de las mismas comunidades afectadas. El Gobierno parece estar más que satisfecho por el 2 o 4% de las ganancias declaradas por las mineras, lo que es prácticamente una migaja. La participación del estado en estas ganancias debe ser superior al 30%, ya que estos son recursos no renovables y cuando se acaben solo quedaran tierras contaminadas y comunidades enfermas, cuyo costo de rehabilitación, de ser posible, no podría ser pagado ni con todo el metal extraído en décadas.
Es obvio que la política ambiental actual, referente a los inversionistas y concesiones mineras, tiene como objetivo una visión a corto plazo puramente materialista, sin consideraciones ambientales o de salud de la comunidad. El problema de estas políticas es que son autodestructivas, crean inestabilidad institucional y siempre terminan por desaparecer, junto a sus creadores. Es el karma de los que atentan contra la naturaleza.
