La ley de distorsión en la diplomacia
La advertencias del Presidente francés y de su ministra de Presupuesto y Cuentas Públicas de calificar a Panamá como Estado no cooperativo amenazándole con dejarle al margen de la comunidad internacional, desvirtúa los esfuerzos de la política exterior de Estado adoptada por las últimas administraciones en la negociación de 12 acuerdos de doble tributación para sustraer al país del listado de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), por tanto, no se trata de un ataque al gobierno de turno, sino al Estado panameño, que no debe ni puede pasar inadvertido.
Infructuosos esfuerzos de allanar una salida diplomática con el presidente francés al asunto perturbador de las relaciones entre ambos países, se agravó con la ratificación contra Panamá de aplicarle medidas de retorsión como Estado no cooperativo. Con independencia de nuestro tamaño como país, inspirados en el principio de la Igualdad Jurídica de los Estados consagrado en los propósitos de la Carta de Naciones Unidas, Panamá tiene responsabilidades y derechos que no pueden ser soslayados por otras naciones al pretender vulnerar sus intereses vitales.
MIEMBROS DE LA OCDE Y DEL G-20, PARECEN DESCONOCER LA AMENAZA EN CIERNES QUE TIENE LA SEGURIDAD DEL PAÍS.
Francia no considera la efectividad de los Convenios firmados por su Ejecutivo y reserva medidas represivas en abierta violación del Derecho Internacional como si se tratará de una de sus colonias de ultramar.
La Ley No. 58 de 12 de diciembre de 2002, establece medidas de retorsión en caso de restricciones discriminatorias extranjeras contra la República de Panamá. Un mecanismo para hacer frente a discriminaciones comerciales extranjeras, consistente en la aplicación de restricciones a la participación en contrataciones públicas o concesiones administrativas en el territorio nacional, a las personas naturales o jurídicas de cual quier país que discrimina a Panamá.
La decisión del Gobierno panameño de retirarle el mandato a la Compagnie Francaise D´Assurance Pour Le Commerce Extérieur (Coface) en cuanto a un contrato de préstamo por 297 millones 852 mil 971 dólares para financiar parte de las obras de construcción de la línea uno del Metro es una acción legítima de la norma de la reciprocidad aceptada por el Derecho Internacional Público. Mientras que importantes miembros de la OCDE y del G-20, parecen desconocer la amenaza en ciernes que tiene la seguridad del país con el tránsito frecuente por el Canal de barcos franceses e ingleses cargados con desechos radioactivos vitrificados. La presente situación diplomática con Francia aconseja prudencia, pero con mucha firmeza.
Abogado-Analista Internacional
