La misma historia

Es un hecho cierto que en las cárceles de Panamá predomina la ley del más fuerte, no existen programas eficientes de rehabilitación y en muchas ocasiones los criminales imponen adentro sus reglas.

Cuando salen a la luz pública imágenes que muestran a centenares de detenidos que son reprimidos por custodios, tras una reyerta que dejó varios heridos graves, surgen muchas opiniones sobre el manejo de las cárceles.

Cientos de delincuentes y criminales conviven en medio de la violencia. El consumo de drogas y la guerra de pandillas es algo muy común en esas instalaciones. También lo son los actos de corrupción en los que se mencionan a funcionarios públicos.

Hay que tener claro que la gran mayoría de esos detenidos son reincidentes y han pasado gran parte de sus vidas en las cárceles.

Desde homicidas hasta violadores permanecen en esas cárceles junto a narcotraficantes y otros delincuentes comunes. No son ciudadanos honestos ni responsables, por lo contrario, con sus acciones causaron daño a otras personas.

Cualquier acto de abuso de autoridad y exceso de poder es condenable y debe ser investigado por las entidades judiciales. Si se comprueba la violación de los derechos humanos de esas personas y el incumplimiento de los procedimientos para controlar esa clase de reyertas, entonces que se haga justicia y los culpables paguen por sus actos.

También es justo reconocer que más del 75% de esos detenidos no han sido juzgados por la burocracia del sistema judicial. Los ciudadanos que cometen delitos deben estar conscientes de que al momento de ser detenidos, pierden muchos derechos. En el mundo de la delincuencia se paga con la cárcel.