La noche del 9 de Enero

Desde hace varios años he acariciado la idea de escribir sobre el 9 de enero de 1964, con el fin de narrar hechos de trascendencia para Panamá que pude presenciar. No obstante, solía posponer la idea por diversas razones. Sin embargo, durante los días patrios, medios de comunicación publicaron encuestas que revelaban lo poco que conocían los jóvenes sobre los sucesos que forjaron nuestra nacionalidad. Esta dolorosa observación me indujo a rememorar mis vivencias del 9 de enero. Desempolvé un viejo cuaderno de notas y me propuse escribir estas líneas con la esperanza de que el relato de lo ocurrido en la ciudad de Panamá, esa aciaga noche, pudiera en alguna forma fortalecer la conciencia nacional de las nuevas generaciones.

Es oportuno señalar los motivos por los cuales me encontré envuelto en los sucesos antes mencionados. Mi vieja vinculación con la Cancillería fue una de las causas, ya que desde el Gobierno de Don Ricardo Arias Espinosa, había servido en dicha dependencia en diversas posiciones, y el 9 de enero desempeñaba el cargo de asesor jurídico del Ministerio y además la Secretaría del Consejo de Relaciones Exteriores. Pero el factor que determinó mi participación en la formulación de la posición panameña fue la confianza depositada en mí, por el canciller doctor Galileo Solís, un viejo amigo a quien admiraba por su carácter siempre afable y en particular por su lúcida mente legal, capaz de analizar con vivacidad y precisión las más complejas situaciones jurídicas.

Los incidentes en Balboa

Conviene iniciar el relato con una breve descripción de los sucesos que motivaron la confrontación entre los norteamericanos y panameños. La manzana de la discordia, que precipitó los acontecimientos, fue el cumplimiento de un acuerdo conjunto entre los dos países, aprobado por los representantes de los presidentes Chiari (Roberto F. Chiari) y Kennedy (John F. Kennedy), incluido en un comunicado del 10 de enero de 1963 en el que se reglamentaba el enarbolamiento conjunto de las banderas de Panamá y los Estados Unidos en la Zona del Canal. El acuerdo contenía los siguientes puntos: Que la bandera de Panamá sería izada junto con la de los Estados Unidos en todos aquellos sitios del territorio de la Zona en que la norteamericana fuera izada por las autoridades civiles. Que en las bases militares, solo sería enarbolada la enseña norteamericana al igual que en las naves que se encontrasen en aguas del Canal de Panamá.

Los Estados Unidos consideraron que correspondía al gobernador de la Zona del Canal determinar cuándo y dónde deberían ser izadas conjuntamente las dos banderas. En algunos sitios, las autoridades zoneítas, con el fin de no enarbolar la enseña panameña, procedieron a eliminar astas. En la Plaza de Gamboa, un sargento de la Policía, llamado Carlton Bell, se negó a izar la bandera panameña, con lo que desobedecía una orden expresa del gobernador (Robert Fleming). Las autoridades de las escuelas, y particularmente los estudiantes del Colegio Superior de Balboa, siguiendo el ejemplo del sargento Bell se opusieron a que fuera enarbolado el pabellón panameño. Estos hechos de insubordinación de la policía y la actitud hostil de los “zonians”, publicados por la prensa panameña, fueron las causas directas de que un grupo numeroso de estudiantes del Instituto Nacional, formado por jóvenes de ambos sexos, le pidieran al rector que les suministrara la enseña patria del colegio con el fin de dirigirse a la Escuela Superior de Balboa para izarla frente a dicho colegio.

En la Plaza de Gamboa, un sargento de la Policía, llamado Carlton Bell, se negó a izar la bandera panameña, con lo que desobedecía una orden expresa del gobernador...

Los institutores uniformados caminaron en forma ordenada hacia el Colegio de Balboa, pero no pudieron acercarse al asta de la bandera por ser interrumpidos por estudiantes norteamericanos hostiles quienes, acompañados de sus padres, rodeaban el lugar. La policía les dio protección a los norteamericanos y obligó a los panameños a empujones a retirarse del área. Fue en esa refriega en la que un policía zoneíta de un golpe de tolete rasgó el pabellón que portaban los institutores. Estos, con su bandera ultrajada, fueron físicamente expulsados del área por la Policía y seguidos por autos radiopatrullas hasta los límites de la ciudad de Panamá en la arteria que hoy se conoce como la Avenida de los Mártires.

La llegada de los institutores empujados y vejados por la policía y los estudiantes zoneítas, como a las seis de la tarde, enfureció a sus compañeros que los esperaban, así como a grupos de empleados y obreros que salían de sus trabajos. Los panameños reaccionaron tratando de entrar a la Zona del Canal sin armas y con el propósito de plantar banderas, pero fueron repelidos por la policía que abrió fuego con sus revólveres calibre 38, reforzados por “zonians” civiles armados de escopetas de cacería. A las 8 de la noche, el gobernador interino informó al jefe del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos que la policía no podía mantener el orden y pidió que las fuerzas militares asumieran el control de la Zona del Canal. Unidades norteamericanas entraron en acción a esa hora, protegidas en vehículos de transporte de tropas y arreos de combate. Apostados en territorio de la Zona, disparaban sus fusiles de guerra y dieron muerte a más de veinte civiles panameños desarmados, e hirieron alrededor de trescientos.

El Gobierno se reúne en la Presidencia

Sin tener conocimiento de lo que ocurría en la Zona del Canal la tarde del 9 de enero, me retiré a mi residencia en Las Cumbres y al llegar recibí una llamada para que fuera a la Presidencia. Partí de regreso a la ciudad, y al llegar al sector de Calidonia, escuché los disparos que provenían del área del Palacio Legislativo. Un joven bombero dirigía el tráfico y me indicó que tomara por el Mercadito de Calidonia y la Avenida Norte. Encontré al Palacio Presidencial iluminado y colmado de personas de todas las capas sociales. Ministros de Estado, altos funcionarios, amigos políticos y personales del presidente, incluyendo a miembros de los partidos de oposición, deseosos de manifestarle su apoyo al Gobierno y de enterarse de los acontecimientos que se desarrollaban en los límites de la Zona del Canal.

Serían las 8 de la noche cuando localicé al ministro Galileo Solís, mi superior jerárquico, quien me informó lo que hasta ese instante se sabía de la romería de los institutores; que habían llegado al asta de la bandera frente a la Escuela Superior de Balboa, donde se inició una refriega y fueron agredidos y rechazados por la policía y los zoneítas, quienes habían dado muerte y herido a varios panameños. Me manifestó el ministro que el Gobierno tenía que hacer un fuerte pronunciamiento sobre estos sucesos; pero que era muy prematuro para determinar cuál sería la forma más apropiada, dado que se desconocía con certeza lo que estaba ocurriendo y cómo culminarían los acontecimientos. Me pidió que fuera pensando qué medidas podría tomar la Cancillería ante esta insólita situación.

Me refugié en un lugar apartado del bullicio en los salones de Palacio y lo primero que se me vino a la mente fue que tratáramos de lograr que el organismo internacional competente condenara a los Estados Unidos por actos de agresión contra la población panameña. Con criterio de abogado litigante, consideré que este hecho no sería difícil de probar, por tratarse de un suceso público y notorio. Me pareció que basándonos en los preceptos del Tratado Inter—americano de Asistencia Recíproca (que en lo sucesivo llamaremos el Tiar), Panamá tendría buena oportunidad de que los Estados Unidos fuera condenado.

Ya que nos servimos del Conflicto de Paraguaná como precedente, es oportuno referirnos a él.

El incidente de Paraguaná

En 1963 ocurrió un conflicto diplomático que en forma indirecta influyó en la reacción de la Cancillería panameña en la noche del 9 de enero de 1964.

Después del fracaso de invasión en Bahía de Cochinos, crecieron los temores del Gobierno norteamericano contra el régimen castrista y optó por la política de aislar a Cuba tanto diplomática como económicamente del resto del continente. Bajo la excusa de que en Venezuela se había encontrado un depósito de armas de origen cubano en la península de Paraguaná y que agitadores cubanos, en asocio de elementos oposicionistas locales, habían participado en actividades tendientes a subvertir el régimen democrático de ese país, el Gobierno de Caracas, instigado por los norteamericanos, presentó denuncia de agresión contra Cuba ante la OEA, con el propósito de aislar a Castro del resto de América y entorpecer su desarrollo económico. La OEA designó una comisión investigadora que rindió un informe contra los cubanos el 3 de diciembre de 1963. A principios de enero, el canciller indicó que la Embajada norteamericana estaba presionando para que Panamá apoyara la denuncia de los venezolanos y se condenara al régimen castrista por el delito de agresión, con el propósito de rodear a la isla caribeña de un cordón tanto diplomático como comercial, y aplicarle los preceptos del Tiar. La denuncia presentada por Venezuela para que se condenara al gobierno de Castro fue aprobada por la OEA: pero con los votos en contra de México y Chile, por falta de pruebas sobre la supuesta agresión.

Las autoridades de las escuelas y particularmente los estudiantes del Colegio Superior de Balboa, siguiendo el ejemplo del Sargento Bell, se opusieron a que fuera enarbolado el pabellón panameño.

Al meditar sobre las opciones que teníamos de una salida adecuada para Panamá a nuestro 9 de enero, recordé el caso Paraguaná. No dudé que contábamos con pruebas contundentes de hechos de suma gravedad que nos permitirían, con fundamento en las cláusulas del Tiar, solicitar que se declarara agresor a los Estados Unidos. Dichas pruebas serían de mayor valía que las aducidas por Venezuela y sus aliados norteamericanos para aislar al régimen de Castro del resto de América. Consideré lo fácil que nos sería probar ante las Comisiones de la OEA la existencia de las causales que requiere el Tiar para el rompimiento de relaciones diplomáticas; y que, con un poco de suerte y habilidad, se lograría condenar a los norteamericanos por el delito internacional de agresión contra la población panameña y, como consecuencia, obligarlos a indemnizar a Panamá y a las víctimas por los daños y perjuicios, así como a otorgar garantías ante la comunidad internacional de que no volvieran a incurrir en tales desmanes contra un pueblo indefenso como el panameño.

Como abogado litigante, el aspecto que me atraía del caso Paraguaná era la situación de indefensión en que dejaba al Departamento de Estado, ya que era obvio que los actos de supuesta agresión contra Venezuela que dicho Departamento le achacaba al régimen castrista, carecían de gravedad comparados con los muertos y heridos causados por los ataques a Panamá.

La decisión de romper relaciones diplomáticas

Como a las nueve de la noche conversé de nuevo con el canciller, quien me comunicó que según las últimas informaciones que se tenían, las fuerzas americanas no pretendían avanzar a territorio bajo jurisdicción panameña. Esta invasión habría sido una posibilidad que asustaba a muchos de los funcionarios que se encontraban en la Presidencia. La orden dada al Ejército era impedir, por cualquier medio, que elementos panameños ingresaran a la Zona, confirmó que los iniciadores e instigadores de los incidentes habían sido los zoneítas.

Enfadado y con dureza, el canciller me recalcó que el Gobierno no podía, de ninguna manera, tolerar pasivamente la forma como habían dado muerte y herido de bala a tantos panameños. Agregó que el presidente Chiari se sentía igualmente enfadado y con amargura a causa de los acontecimientos. Insistió en que había que actuar cuanto antes, entre otras razones, para que en los diarios de la mañana apareciera la noticia de la reacción del Gobierno conjuntamente con las descripciones de los ataques en la Zona.