La refundación del país no es la solución

Cada cierto tiempo, muchos opinólogos reaccionan de manera rotunda cuando se dan hechos que dejan al descubierto lo débil de nuestra democracia y, por supuesto, el lamentable estado en el que se encuentra nuestra institucionalidad.

Queda claro que nuestro sistema judicial ha hecho crisis. Y todos sabemos el estado en el que se encuentra una Asamblea Nacional cada vez más sumida en la repulsa ciudadana. Y ni hablar del Órgano Ejecutivo.

En cuanto a la justicia, desde los tiempos del presidente Endara con el famoso "club La Llave", hasta ahora, el tema no ha dado muestras de mejorar. Los gobiernos se suceden y siempre prometen lo mismo, mejorar la forma de elegir a los magistrados de la Corte Suprema y apoyar la modernización judicial. Esto nunca ocurre. Es más, por el contrario, nos encontramos con situaciones que nos avergüenzan como ciudadanos, como las recientes "denuncias" de un magistrado.

En el otro lado, no es nuevo que diputados utilicen la Asamblea Nacional como arena de boxeo. Lo nuevo es que ni siquiera es por temas políticos. Ya hemos llegado a un punto donde los temas personales, propios de una corregiduría, tienen que ser mostrados a la ciudadanía como algo cotidiano.

Sumemos a un gobierno sin voceros políticos y con un Gabinete gubernamental que, al menos la mitad de ellos, no han pasado de la etapa de autocomplacencia y sentir que están recibiendo su parte por haber apoyado al presidente en su campaña. Pero de trabajo, nada.

Y es que si revisamos los últimos gobiernos, el comportamiento del Ejecutivo, en la mayoría de los casos, no ha ayudado a mejorar la institucionalidad política del país: falta de cumplimiento de las promesas electorales, abandono de postulados partidarios, despilfarro de los recursos del Estado, nepotismo, corrupción, clientelismo, populismo, falta de transparencia, y un largo etcétera.

Refundar el país llamando a una constituyente no es la solución. Ya Panamá ha transitado esa ruta.

El 29 de diciembre de 1944, el entonces presidente Ricardo Adolfo De La Guardia suspendió las garantías constitucionales, revocó la Constitución de 1941, disolvió la Asamblea Nacional y convocó a una constituyente. El resultado fue la muy elogiada Constitución de 1946, que tampoco impide todas las taras de la política antes mencionadas.

El 11 de octubre de 1968, el mayor Boris Martínez y el teniente coronel Omar Torrijos Herrera dan un golpe de Estado militar, disuelven la Asamblea Nacional, suspenden las garantías constitucionales, disuelven la Corte Suprema de Justicia y suspenden la vigencia de los únicos 3 partidos políticos que quedaban registrados. Más adelante llamaron a lo que conocemos como la Constitución de 1972. Un documento producido para una presidencia imperial y personalista, que nos rige hasta hoy con algunas modificaciones.

En enero de 1990, luego de la trágica invasión de los Estados Unidos a Panamá y el final de la infame época de terror de Manuel Antonio Noriega, la Corte Suprema de Justicia se da de baja por solicitud del entrante presidente Guillermo Endara. Fue otra oportunidad para limpiar el sistema judicial. Hasta hoy podemos palpar los resultados, no necesariamente para aplaudirlos.

Es claro que la solución está en las personas. Y no solo en la forma como se escogen. Si los panameños tenemos la oportunidad de escoger a las mejores propuestas que nos hacen los partidos políticos, difícilmente las cosas seguirán como van.

El problema es que los partidos políticos se han convertido en instrumento de la mediocridad, el clientelismo y la ineficiencia. Elección tras elección se nos propone a los ciudadanos las peores opciones, que van entre lo malo y lo nefasto.

Al abandonar la formación política, los partidos han hundido el debate y la vocería a la profundidad de la nada. Da pena conversar con personeros de los partidos políticos actuales, carentes de análisis político, argumentos de debate y lo peor, con discursos increíblemente superficiales y llenos de frases recalentadas y trasnochadas.

El que hay que mejorar con urgencia es el sistema político. Queda claro que el Tribunal Electoral debe llegar a un acuerdo con el Ministerio de Educación para que, de una vez por todas, la educación cívica regrese a los colegios, y sea del interés de los mejores por la cosa pública, y no solo de los millonarios o los políticos de siempre.

Nuestro país no puede seguir siendo el experimento de empresarios que, desde siempre, quitan y ponen presidentes, haciendo de la cosa pública parte de sus objetivos empresariales. Tampoco puede ser el objetivo para lograr en la vida de quienes, como si fuera su finca, tratan al país y sus ciudadanos como si les pertenecieran.

Ingeniero. Asesor de estrategia política.