La salvación del pueblo
El ejercicio del poder político, desde una perspectiva de querer hacer las cosas bien –si por hacer las cosas bien debe entenderse administrar el Estado, por parte de quienes gobiernan, en beneficio o bien de las grandes mayorías del país-, sin duda alguna, demanda arte, técnica y ciencia. No hace daño que al conocimiento científico o técnico, propio del arte de la política, sumemos buena fe, honestidad, transparencia, decoro en la gestión que debe ser precedido por el decoro personal del gobernante y de cuantos ocupan, máxime, los altos cargos de la funciones públicas o administrativas. La Ciencia Política, como ciencia que se ocupa de una teoría del Estado, de los poderes del Estado, de sus funciones, y que no divorcia una especial atención a los fines del Gobierno, clases de gobiernos, etc., sin demeritar las tareas asignadas sobre las funciones de los gobiernos, los elementos integradores del Estado, en fin, no descuida, hoy por hoy, que no se equivocó Montesquieu cuando teorizó, en su monumental obra El Espíritu de Las leyes (1748), el necesario balance o equilibrio que debe existir entre los órganos o poderes del Estado, entendiendo que estos no son una isla aparte respecto a los otros, sino que actúan en armónica colaboración entre sí para impulsar el desarrollo de los pueblos y brindar el bienestar debido a la población, en todos los aspectos: educación, transporte, vivienda, recreación, salud, deporte, cultura, trabajo, ambiente, desarrollo personal o individual de cada ciudadano, etc.
No debe confundirse la armonía y la colaboración entre los poderes del Estado con la intromisión de un órgano en otro. Si el Ejecutivo se entromete en el legislativo, devienen las leyes tiránicas; si se entromete en lo judicial, los jueces terminan siendo una vulgar pantomima de lo que no es la sagrada labor de administrar justicia; si el legislativo pretendiese gobernar, el Ejecutivo decae, luego, en un arlequín servil y al capricho de los políticos que legislan; y si el Judicial maniquea a los legisladores o diputados, las leyes pierden toda autonomía y seriedad. Debemos acotar, del mismo modo, que ese necesario balance y equilibrio entre los poderes del Estado traduce la especial idea de que, en texto constitucional, queden bien delimitadas las funciones de cada órgano o poder del Estado. Ello solo será posible, asignando a cada marco de las competencias, si se tiene bien claro, las funciones propias de cada órgano: el judicial, juzga; el legislativo, hace las leyes; el ejecutivo implementa o ejecuta todo cuanto atañe al gobierno del Estado, sus políticas, siempre y cuando no erosione o impacte las funciones propias de los otros dos órganos.
Montesquieu lo dijo de esta manera: "Cuando los poderes legislativo y ejecutivo se hallan reunidos en una misma persona o corporación, entonces no hay libertad, porque es de temer que el monarca o el senado hagan leyes tiránicas para ejecutarlas del mismo modo. Así sucede también cuando el poder judicial no está separado del poder legislativo y del ejecutivo. Estando unido al primero, el imperio sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario, por ser uno mismo el juez y el legislador y, estando unido al segundo, sería tiránico, por cuanto gozaría el juez de la fuerza misma que un agresor. En el Estado en que un hombre solo, o una sola corporación de próceres, o de nobles, o del pueblo administrase los tres poderes, y tuviese la facultad de hacer las leyes, de ejecutar las resoluciones públicas y de juzgar los crímenes y contiendas de los particulares, todo se perdería enteramente."
El cuadro en Panamá, aunado a lo anterior, se halla un tanto más complicado, difícil, a mi juicio, por varias razones: Un Ejecutivo férreo o demasiado fuerte que articula, constitucionalmente, sin tapujos hay que decirlo, todo cuanto acontece en los poderes legislativo y judicial, es un ejecutivo dotado de una voluntad casi suprema.
Mientras esos resortes constitucionales, y tantos otros más, no sean objeto de cambios, profundos cambios, seguiremos inmersos en la misma pantomima de democracia y de Estado de Derecho que, hasta el momento, hemos tenido y seguiremos dirigidos, penosamente, por un constitucionalismo perverso que solo nos da muestras impresionantes de su fracaso, desuso y nula operatividad en el fortalecimiento de la democracia y de la alta estima debida a todo ciudadano como un ente digno.
Finalmente, quiero consignar que en la democracia los problemas de este sistema deben, siempre resolverse, con base en sus propios métodos y no adoptando fórmulas esotéricas y hasta brujas, como algunos vienen proponiendo. Creo, en este apotegma: Salux populi suprema lex est –La salvación del pueblo es la ley suprema".
Abogado
