A largo plazo
Al calor de la política se dicen muchas cosas. Los opositores tienden a atacar cualquier acción gubernamental, sin importar si beneficia o perjudica a la sociedad.
Es un asunto complicado, porque al intentar desacreditar un programa o proyecto social se atenta contra el espíritu del mismo.
Es difícil lograr que los dirigentes políticos, con posturas radicales y disímiles, se sienten en una mesa a definir proyectos de Estado. Esto no implica que pretendan tomar las decisiones que por derecho le corresponden al gobierno.
Sin embargo, sí pueden existir compromisos a mediano y largo plazo en temas sensitivos como la educación, seguridad y servicios básicos (agua potable y electricidad).
El gobierno puede ser eficiente en su ejecución presupuestaria y lograr desarrollar durante su gestión obras de gran impacto social, pero inevitablemente muchos de los planes deben tener continuidad en las próximas administraciones para que sean exitosos.
La modernización de la educación, por ejemplo, requiere del esfuerzo de la actual ministra y de los próximos funcionarios que lleguen a ese puesto. La transformación no es inmediata y es allí cuando se considera una problema de Estado.
Igual sucede con los proyectos enfocados en resolver el problema del suministro de agua potable. Este gobierno puede poner en ejecución millonarias obras para optimizar el servicio, pero las próximas autoridades deberán darle continuidad a esas inversiones.
En países con niveles de desarrollo superiores a Panamá, es normal que existan agendas de Estado y que se impulsen procesos a largo plazo para el beneficio de la sociedad. Para alcanzar este nivel, es necesario que los políticos pongan de su parte y piensen en el país.