Las armas de un dictador
Hace una semana, Jaime Bayly dedicó una parte de su programa a Panamá. Comenzó diciendo que nuestro país, como Costa Rica, se distingue en la región donde abundan los discursos de tiranos y que somos un país razonablemente civil y que eliminó sus fuerzas armadas luego de la caída de Noriega. Sin embargo, continuaba diciendo que el actual presidente, Juan Carlos Varela, no le gustaba por lo complaciente que se muestra ante dictadores como Maduro y Castro.
Destacó también que Varela aprovechó su audiencia en la ONU para pedir el levantamiento del embargo a Cuba, pero no pidió que se levantara la dictadura que existe hoy en ese país o en Venezuela. Bayly lo calificó de "bobo bien vestido y peinado, pero bobo", por creer que personas pensantes no ven que obedece a intereses casados. Que es uno más de la multitud de títeres que avalan a estos dictadores a cambio de arreglos detrás de las puertas.
He escrito varios artículos sobre esta tendencia preocupante del presidente por el giro desafortunado que le está dando al país. Como Bayly, he notado la simpatía exagerada que Juan Carlos Varela está demostrando tener con los dictadores de la región. Todo esto queda evidenciado en la forma en como se están violando los derechos humanos, los procesos judiciales y la selectividad de la justicia.
En este último tópico, la propia procuradora Kenia Porcell admitió muy campantemente que el Ministerio Público le da libre acceso a expedientes a la Alianza Ciudadana Pro Justicia para que los "revise" y "verifique". A esta lista se han sumado recientemente Jaime Abad y Alvin Weeden, que confiesan ser parte de un grupo de abogados que también tienen acceso a los expedientes.
Sobre esto hay que decir que cualquier intromisión de la naturaleza que ha expuesto Abad resulta contraria a la ley, ya que ni los fiscales ni la procuradora deben ser asesorados por terceras personas ajenas a la institución, más que lo que puede deponer un perito, cuyo dictamen puede guiar el curso de una investigación.
El propio Ignacio Fábrega ha denunciado públicamente que en su juicio, las preguntas elaboradas por Hidrobo, liquidador de Financial Pacific, eran "negativas y maliciosas". La misma diputada Zulay Rodríguez, con respecto a esto, pide que se debe sentar a Fábrega de nuevo e investigar más a fondo. La razón que cita es que la "coacción y la promesa para acusar falsamente a una persona" están tipificadas en el Código Penal y, por ende, debe ratificarse de inmediato en el Ministerio Público.
De haber un espíritu verdadero para buscar justicia, también se les daría fuerza a estas acusaciones. Sin embargo, la realidad es que la justicia es selectiva y se violentan los derechos humanos para lograr una venganza política. Todos estos métodos los conocemos bien, pues eran usados regularmente durante la dictadura de Panamá y todavía son usadas por los nuevos amigos del presidente Varela, Nicolás Maduro, en Venezuela, y Raúl Castro, en Cuba. Juan Carlos Varela ha cambiado nuestra política exterior a una amiga del tirano y nuestra política interior a una donde se usan sus instrumentos, la coacción de testigos, el terror y la persecución. No es casualidad que Jaime Bayly, desde afuera, también haya atado cabos sobre lo que está pasando en Panamá.
