Las asociaciones público-privadas para la minería

Los países en Latinoamérica se caracterizan por poseer una gran cantidad y variedad de recursos mineros. Muchos países de esta región explotan dichos recursos desde hace varios siglos, constituyendo en cada uno una fuente de ingresos importantes para las economías nacionales, explotación que a su vez es regulada por alguna legislación existente. La explotación minera requiere de grandes inversiones, que se obtiene generalmente mediante la participación de empresas multinacionales y a veces con participación del Estado.

Involucra también a las comunidades de los lugares en los que se realiza la explotación minera. Como toda actividad productiva, la explotación minera genera un impacto social, económico y ecológico, por lo que se requiere la definición de políticas y legislaciones tendientes a controlar las condiciones de la explotación, en beneficio de las comunidades y de la preservación del ambiente que afecta. En consecuencia, hoy día se los emprendimientos mineros deben considerar dentro de su inversión, la remediación de los impactos ambientales, tanto durante como al cierre de la explotación. Los gobiernos deben velar para que esto se cumpla.

Para llevar a cabo la explotación minera como actividad comercial, varios países han creado la corporaciones estatales o paraestatales, las cuales pueden ser totalmente de propiedad del Estado.

Estas empresas son el resultado de una política de corporatización, que es un proceso en el cual las agencias del gobierno o departamentos son organizados como corporaciones semiautónomos, como parte de sus acciones puestas a disposición en el mercado accionario.

El gobierno podría intentar un modelo de una asociación público-privada (PPP por sus siglas en Inglés) que constituye una asociación de corte comercial entre el gobierno y empresas privadas , la cual se regula mediante un contrato entre las partes para proveer un servicio público o desarrollar un proyecto que requiere recursos financieros significativos, con cierta complejidad técnica y un riesgo operacional apreciable. La contribución del gobierno a la asociación PPP puede ser en especie, servicios y bienes, para crear un bien público, o puede contribuir con subsidios al ente privado para atraer a dichos inversores.

Csilva2@hotmail.com