Las dimensiones en el caso del magistrado Moncada

Hay rasgos en este caso que por obvios, algunos lo sobreestiman o lo soslayan. Me refiero, puntualmente, a la naturaleza del proceso legal en trámite. Los juzgamientos para los que tiene competencia la Asamblea Nacional son políticos, y no solo porque los jueces (diputados) eso es lo que son (políticos), sino porque las personas sujetas al proceso legal son la parte más alta y visible del resto de los órganos del Estado. Cualquiera decisión relacionada con el cambio de un presidente de la República o en la composición del pleno de la Corte Suprema de Justicia se reporta como una manifestación política. Aun cuando para una u otra opción se deba recurrir a un trámite legal, eso no hace que la deliberación sea exclusivamente jurídica. Es siempre una resolución política que para hacerse efectiva debe recorrer las etapas propias del debido proceso legal.

LA DIMENSIÓN JURÍDICA DEL CASO SOBREPASA LAS INTERIORIDADES DEL CUADERNILLO PENAL. EL SISTEMA DE JUSTICIA ESTÁ EN CRISIS, Y LA CRISIS ES TAN REAL Y PROFUNDA QUE ESTÁ A PUNTO DE TORNARSE IRREVERSIBLE.

A esta altura del pleito solo se han hecho públicos los señalamientos y algunas evidencias de la acusación. Falta por conocer, para hacer un justo balance, los contraargumentos y contrapruebas del magistrado en cuestión. Después de que estos se produzcan habría elementos para estructurar una posición sobre el tema.

El primer escollo es que el magistrado ya está siendo juzgado por la publicidad y existe, por tanto, una opinión pública seducida para aceptar, como buena, una determinada salida al problema. El prejuicio ha creado la sensación de que es inevitable una condena e inaceptable, al mismo tiempo, una declaratoria en vía contraria. El magistrado, en su turno, tiene ganado un buen porcentaje en la autoría de esa realidad del proceso mediático porque ha respondido tarde y cuando se aventura en hacerlo nos hace recordar el proverbio hindú de que solo debe hablarse cuando lo que va a decirse es más importante que el silencio. La cereza en el pastel de todo esto fue, a no dudar, la fanfarria televisada para una notificación y la reacción errática del “más buscado”, a todo lo cual se suma, con ribetes de agravantes, el manejo del abogado defensor con respecto a un sector importante de los que hacen opinión: los periodistas y medios de comunicación masiva.

EL MOMENTO HISTÓRICO PARA LA ASAMBLEA DE DIPUTADOS NO LE LLEGA PORQUE ESTÉ JUZGANDO A UN MAGISTRADO DE LA CORTE SUPREMA. LO ES Y LO SERÁ SI EMPIEZA A HACERLE JUSTICIA AL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL PAÍS.

La dimensión jurídica del caso sobrepasa las interioridades del cuadernillo penal. El sistema de justicia está en crisis y la crisis es tan real y profunda que está a punto de tornarse irreversible. Sobran documentos, análisis y compromisos para mejorar la administración de justicia. Pero nadie, desde las esferas del poder, mueve un dedo ni levanta un pie para liderar las medidas correctivas y urgentes que se requieren. El momento histórico para la Asamblea de Diputados no le llega porque esté juzgando a un magistrado de la Corte Suprema. Lo es y lo será si empieza a hacerle justicia al sistema de administración de justicia del país. Lo que termine por hacerse en este caso y cómo se haga, nos dará señales de si ya es necesario un “réquiem” para el sistema legal o aplaudir la impronta de condiciones sostenibles tendentes a la credibilidad y eficiencia de la justicia.

La dimensión política del caso, por otro lado, provoca nubes grises para la justicia porque de la conclusión depende si esta sale fortalecido o más debilitada como nunca. La aparición de la denuncia contra el magistrado Moncada ocurre cuando los diputados-jueces viven tensados por la elección del contralor, en primer orden, y por la ratificación de los dos procuradores, en segunda instancia.

Conocido y probado la visión parroquial y la de jugadores a dos paños de la inmensa mayoría de nuestros políticos, es mejor anticiparnos a las maniobras de quienes quedarán tentados a poner la suerte del denunciado en la mesa de la negociación, los intercambios, la existencia de pactos o en el surgimiento de nuevas alianzas. De la misma manera que ninguna corriente partidista en la Asamblea puede prescindir de las otras para una “salida” del caso, los diputados-jueces, individualmente considerados, no gozan, en su gran mayoría, del talante moral para juzgar a otro por corrupto pretendiendo que no le rebote el alegato en su contra.

El caso Moncada va a tener una resolución y la misma nos terminará gustando o no. Pero la velocidad y la calidad de la sentencia final estarán determinadas por las pujas y repujas de naturaleza policial desde y por razón de las otras decisiones que tienen a mano los diputados-jueces y sus respectivos partidos políticos.