Las víctimas
Los gremios médicos del país han paralizado la atención en los centros de atención pública en todo el país, exigiendo que se devuelva a primer debate la discusión del proyecto de ley que crea las asociaciones público-privadas. El temor entre los médicos es justificado, sin embargo, su medida de presión contra el Gobierno y la Asamblea Nacional perjudica directamente a miles de personas que no cuentan con los recursos para acudir a un hospital o clínica privada.
La iniciativa que ha provocado todo este revuelo se elaboró en la gestión del exministro Alberto Vallarino y fue presentada en la Asamblea el 27 de abril.
Al momento de sustentar su propuesta, Vallarino explicó que las APP pretendían involucrar al sector privado en la prestación de infraestructura y de servicios que han sido tradicionalmente provistos por el gobierno nacional.
El principal argumento del exministro para implementar este sistema era que se mejoraría la capacidad gerencial y de innovación tecnológica, lo que garantizaría una mayor eficiencia. Los servicios serían de mejor calidad y a menor costo.
Aunque el debate se ha concentrado en los efectos sobre los servicios de salud y educación, también contempla otros sectores de impacto social como tratamiento de aguas, los puertos y las cárceles.
Una propuesta de esta magnitud amerita un amplio debate, dejando a un lado los intereses políticos y gremiales. La población demanda servicios públicos eficientes que mejoren la calidad de vida.
Protestar es saludable en país democrático, es un derecho adquirido que tienen todos los ciudadanos. Sin embargo, hay que agotar todos los recursos de negociación antes de poner en juego la salud de la población.
