Licor y política
En el largo rosario de disparates de la oposición, figura la reciente interpretación de un proyecto de ley de licores como una represalia gubernamental contra ciertos productores criollos de bebidas alcohólicas, no obstante, que el autor de la iniciativa es el diputado Raúl Pineda, de las filas del PRD.
Dicho proyecto propone la aplicación de un incremento del impuesto a los licores según su grado de alcohol, además de la imposición de timbres que acrediten la venta legal de la bebida. Nadie con dos dedos de frente puede negar el impacto negativo del alcoholismo en el seno de la sociedad panameña.
Precisamente en estos días de jolgorio carnavalesco se ha movilizado un inusual y costoso operativo policial a lo largo y ancho del país, para controlar y sancionar a quienes irresponsablemente conducen vehículos en estado alcohólico. Por otro lado, la violencia intrafamiliar, por ejemplo, en la mayoría de casos, es generada por el exceso en el consumo de bebidas alcohólicas.
En desdichadas situaciones que se repiten en grado de lamentable crecimiento, esta clase de violencia causa casi siempre el homicidio del cónyuge del género femenino y el consiguiente encarcelamiento del progenitor enloquecido por el alcohol.
En esas circunstancias, los hijos menores quedan en el desamparo social, sin educación, sin orientación moral, convirtiéndose con el paso de los años en productos inevitables del semillero del delito, como pandilleros, sicarios o traficantes de drogas. Mientras perdure la violencia intrafamiliar en los sectores sociales económicamente deprimidos, la política de seguridad seguirá contando con esta clase de obstáculos sociales.
Para nadie es un secreto que el licor es un agente disparador en muchas situaciones que afectan directamente al núcleo más importante de la sociedad: la familia. Su poder obnubilante ha aumentado con los años, así como sus negativas consecuencias.
A pocos escapa, desde la perspectiva económica, que el mercado de licores está abierto a la importación de bebidas extranjeras y a las locales, y que, por ende, el incremento tributario a la de mayor grado alcohólico podría llegar a afectar tanto a las empresas importadoras, como a las empresas que expenden los productos, y obviamente a los consumidores.
No se instrumentaría una ley seca, ni mucho menos una drástica ley zanahoria. Una de las consecuencias del proyecto sería moderar el consumo de licor, y de paso atenuar sus efectos policiales nefastos.
El proyecto aún está en proceso de revisión y modificación. Hay quienes opinan que lo que se recauda con esta iniciativa debería perseguir fines altruistas, ya sea para la salud, para la educación, u otros objetivos sociales. Pero achacarle al Gobierno que responde a represalias tributarias contra determinados fabricantes locales de licor, revela ignorancia supina de los alcances generales de sus efectos en el mercado.
Pero, encima de esto, atribuirle a la administración panameña una confabulación globalizada contra la industria escocesa de “whisky”, la chilena y española de vino, la mexicana de tequila, etcétera, es una interpretación embriagada de pasión política. ¡Qué disparate!
