Lista blanca
Panamá suscribió acuerdos tributarios con 12 países en un periodo de 16 meses durante el gobierno presidido por Ricardo Martinelli. Estados Unidos, México, España, Francia, Barbados, Holanda, Singapur, Luxemburgo, Corea del Sur, Irlanda, Portugal, quedando sujetos a ratificación de la Asamblea Nacional convenios con Gran Bretaña, Italia, Israel, Canadá, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Austria, Bélgica, Groenlandia, Baréin. El 6 de julio de 2011, Panamá ingresó a la lista blanca de la Ocde por haber cumplido los requisitos establecidos como un país transparente, legalmente solvente, abierto al escrutinio de su legislación tributaria en cumplimiento del compromiso de intercambio de información tributaria.
Estos convenios tanto de doble tributación como de intercambio de información fiscal se negociaron y aprobaron mediante el plan estratégico de gobierno 2010- 2014, estructurado por el gobierno de Cambio Democrático que nombró una comisión de alto nivel para la defensa de los servicios internacionales y financieros. La comisión fue presidida por el ministro de Economía Alberto Vallarino en el interregno de la alianza de Cambio Democrático con el partido panameñista. Antes, en el gobierno de Mireya Moscoso, Panamá se comprometió con la Ocde formalmente en el año 2002 a adoptar principios de transparencia e intercambio de información tributaria en igualdad de condiciones, conocido como Level Playing Field. Toda la información está en el archivo del Ministerio de Economía y Finanzas, que debe consultar el ministro Dulcidio de la Guardia, para responderle a Colombia con estos antecedentes insoslayables.
El gobierno de Juan Manuel Santos comete un ridículo monumental al calificar a Panamá como paraíso fiscal cuando está en la lista blanca de la Ocde. Pero no es solamente un paso en falso en las relaciones con el país vecino, sino que la declaratoria pretende encubrir los problemas creados por las inversiones de empresas colombianas que llegaron a nuestro país huyendo de la crisis económica reiteradamente denunciada por Álvaro Uribe y sus asesores. Santos ha efectuado una reciente reforma fiscal para exprimir más a los colombianos y frenar la fuga de capitales. La elevación de los giros de dinero a Panamá del 10% al 33% es una medida desesperada para bloquear la emigración de capitales, pero que la acelerará mucho más en los hechos financieros. El cierre de la frontera con Venezuela ha restringido la venta de productos colombianos y precipita la quiebra de empresas abastecedoras de carne, lácteos y derivados. Maduro dice que hay mucho contrabando en la frontera como excusa del fracaso de políticas económicas. Santos mira a otra parte para extrapolar las carencias locales.
Como país blindado por más de una docena de convenios tributarios bilaterales, Panamá tiene suficientes argumentos para rechazar los dislates unilaterales del gobierno de Santos. Sin embargo, el gobierno de Varela ha perdido la brújula y se aferra a negociaciones impuestas bajo amenazas de su fiel amigo Santos. Cuando un país ha firmado convenios tributarios con Estados Unidos, Francia, Singapur, Corea del Sur, entre otras grandes potencias económicas, está obligado a poner en el sitio que merecen a los detractores del sistema de libre economía.
Colombia quiere ensañarse con Panamá simplemente para ocultar su problemática económica. Principió con el aumento de los impuestos aduaneros a las reexportaciones de textiles y calzado desde la Zona Libre Colón. Ha seguido con la patraña del paraíso fiscal. Necesitamos representantes con sangre en las venas para replicarle a Santos.
