Llantas ‘flateadas’
El transporte público tiene llantas “flateadas”. No hay grúas suficientes para remover la indolencia gubernamental. Mi Bus se burla del gobierno panameñista y maltrata sin tregua a los usuarios. Buses y taxis hacen su regalada gana, aumentando tarifas a su capricho, viajando a velocidad irresponsable, sin vehículos sometidos a inspección del estado mecánico, sin pólizas de seguro. El color amarillo parece bandera de piratas. Los operadores de Mi Bus no saben a quién recurrir y amenazan con paralizar el servicio cada semana.
El presidente Juan Carlos Varela firmó un documento, bajo la presión de los operadores de Mi Bus, para asegurar el pago exacto y puntual de las prestaciones sociales. Se nombró una comisión para atender los derechos de los trabajadores. El Ministerio de Trabajo emitió un dictamen que obliga a la empresa al cumplimiento de obligaciones laborales. Pero Mi Bus anuncia que se va del país en febrero del 2015 entre la alarma de los operadores que ven esfumarse sus derechos.
Las negociaciones Gobierno y empresa se efectúan en oficinas herméticas, como si se tratara de secreto de Estado. Los trabajadores no participan en las negociaciones e ignoran cuándo se les liquidarán sus reclamaciones y qué nuevas empresas entrarán al transporte público por licitación todavía no abierta o por concesiones directas. Tampoco conoce la opinión pública a cuánto ascendería el monto de la transferencia de los buses de la empresa colombiana a otras privadas que pueden recibir unidades con desperfectos mecánicos. No se sabe si el Gobierno ha negociado depreciaciones económicas por los trajines del uso o si se propone aceptar el costo del lucro cesante por la cancelación del contrato antes de la fecha de expiración.
No está funcionando la ley de transparencia y acceso a la información pública sobre las negociaciones del Gobierno con Mi Bus. Angélica Maytín, como responsable de área, tiene una oportunidad sin igual para probar si su defensa teórica del derecho al acceso a la información pública se compadece con las pruebas prácticas del hermetismo oficial. Hasta el momento no dice algo sobre un tema sumamente crítico en el que está en juego el derecho de miles de usuarios y trabajadores del transporte público.
¿Cómo está velando la Secretaría Anticorrupción el uso legal de recursos públicos ante una posible indemnización a la empresa Mi Bus, que no cumple las cláusulas del contrato? ¿Por qué razones hay una mano blandengue en la posición de las autoridades gubernamentales en las negociaciones con la empresa colombiana?
Las negociaciones deben desenvolverse dentro del espíritu y la letra de la Ley 14 y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). La CSJ establece que el Estado tiene la potestad de otorgar la concesión de ruta, incluso en el supuesto de que se esté prestando ese servicio con fundamento a los intereses del usuario en el transporte público. El Estado debe velar para que se mantenga un equilibrio entre la satisfacción de los intereses y necesidades de todos los sectores involucrados en la prestación del servicio público del transporte, los usuarios de ese servicio y el Estado para evitar que se beneficie un sector en detrimento del otro.
