Llegó la hora de eliminar aquellos inmuebles que representan un peligro
Las casas y edificios condenados, en los cuales viven cientos de familias exponiendo sus vidas, se mantiene como un problema social, que no han podido resolver las diferentes administraciones gubernamentales.
En áreas de la ciudad capital como en Calidonia, Santa Ana, El Chorrillo, San Felipe y Río Abajo, por mencionar algunos sectores, se pueden observar los viejos caserones y edificios declarados inhabitables, los cuales permanecen habitados sin que se tomen las medidas para reubicar a estas familias.
Solo el pasado fin de semana se registró un incendio en Santa Ana donde unas 30 familias quedaron damnificadas. Allí, unos cuatro caserones fueron consumidos por las llamas, mientras que otro fue afectado parcialmente, lo que provocó la rápida intervención de las autoridades del Ministerio de Vivienda, no obstante, aún hay inmuebles que están a punto de colapsar o ser blanco de un nuevo incendio, por lo que se deben tomar las medidas de reubicar a esas personas antes de que se escenifique un hecho que lamentar.
Si bien la mayor parte de edificios y caserones ya han sido declarados condenados, las personas que allí habitan se oponen a abandonar el inmueble porque allí no tienen que pagar alquiler alguno, ello, pese a que muchos cuentan con un salario que les permite optar por una vivienda digna.
Las autoridades, más que actuar en momentos cuando se dan derrumbes o incendios, deben tomar medidas preventivas y lograr un acuerdo con quienes viven en esos lugares, para que opten por una vivienda donde se comprometan a pagar; y a los dueños de los inmuebles, obligarlos a que se hagan cargo de la reparación y mantenimiento de esos edificios.
Todos los panameños merecen tener una vivienda digna, pero las personas tienen que poner de su parte y no solo depender del aporte o ayuda que haga el Estado.
