Los 100 días del nuevo gobierno y la concertación

La Organización de Naciones Unidas (ONU) tuvo la brillante idea de acoger y llevar a la práctica el programa Objetivos de Desarrollo del Milenio para la erradicación de la pobreza en Panamá. Compromiso este que involucra a todos los sectores de la sociedad panameña y que estén disponibles para llegar al consenso para poner en práctica en el país todo lo relacionado con estos resultados, los cuales vendrían a solucionar los problemas más apremiantes de la sociedad panameña, a partir del 2015.

Mucha gente ha perdido la confianza en este instrumento, que inicialmente tenía como propósito permear a toda la sociedad con sus resultados. Esto ha creado una gran expectativa, pues en esta ocasión el pueblo quiere que estas estrategias sean debidamente instrumentadas, buscando la manera de que el país pueda alcanzar niveles de desarrollo sostenibles. No debería ser que el país siga obteniendo esas megaobras, las grandes infraestructuras viales, megapuertos y grandes aeropuertos, contrario a la inversión en el capital humano que presenta niveles alarmantes en cuanto a pobreza y extrema pobreza.

En los últimos 15 años, la Mesa de Concertación ha tenido un nulo aporte al desarrollo socioeconómico del país, lo que se ha discutido ahí ha sido estéril y no ha tenido fruto. El país mantiene un ritmo de crecimiento considerado como el mejor de Latinoamérica en los últimos años, esto es una clara evidencia de que los recursos económicos que recibe el país no están siendo utilizados en el activo más importante que tiene cualquier país, que es su propia gente; debiera ser lo más importante, pero qué va, en nuestro país es todo lo contrario.

El presidente de la nación, el cual lidera la alianza titulada el Pueblo Primero, tiene el compromiso de contribuir a la transformación de la nación panameña. Que el pueblo humilde, que ese 50% de la población indígena de la comarca Ngäbe-Buglé, que actualmente vive en condiciones de extrema pobreza, pueda recibir atención a sus necesidades, la cuales deben estar orientadas en resolver esa penosa situación, además de que se garantice la implementación del consenso alcanzado en las diferentes mesas y se puedan alcanzar algunos de los propósitos.

Igualmente para con la Mesa de Concertación para la Educación, la Submesa de Seguridad Ciudadana, de las cuales no ha podido lograr un consenso que busque dar una proyección a la educación Básica Universal, que pueda disminuir los alarmantes índices de violencia, que pueda erradicar la pobreza y extrema pobreza, el hambre, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud maternal, combatir el VIH/sida, la malaria y el dengue, además de garantizar la sostenibilidad ambiental.

No creo que sea tan trabajoso, pues la vicepresidenta de la República, Isabel Saint Malo, pertenece como facilitadora a la Mesa de Concertación Nacional. Lo preocupante es que en 100 días de gobierno no hemos podido escuchar un pronunciamiento de su parte que aliente una esperanza, de que ahora sí los resultados de la Concertación serán puestos en práctica, lo que debiera ser una realidad, pues ella tiene conocimiento de causa, situación que debe provocar que esta dirigente nacional asuma ese liderazgo, que por años ha estado ausente de tan importante organismo. Le toca a la ahora vicepresidenta hacer valer esta condición y proyectar que el Pueblo Primero es más que un slogan de campaña y que, verdaderamente, velará porque en este país se inicie una verdadera transformación social.

Dependerá de la eficacia con que el actual gobierno trabaje para poder alcanzar las metas propuestas por los organismos internacionales, de los cuales como país somos signatarios y adquirimos el compromiso de mejorar la equidad, disminuir la pobreza, acabar con los altos niveles de inseguridad, que son parte de las metas y objetivos que la población está esperando, pero, en este periodo de 100 días, han sido nulos, no se han alcanzado. Ni aún se han puesto en práctica ninguna de las obras o proyectos que con tanta insistencia se escuchaba pregonar en la campaña política del ingeniero Juan Carlos Varela, cuando el país vive una escalada de violencia.