Los afectados
Depender del transporte público puede ser un dolor de cabeza. Desde la madrugada hasta altas horas de la noche, miles de usuarios salen a la calle a buscar la forma de llegar a sus trabajos o a sus hogares.
La calidad del transporte en la capital ha mejorado considerablemente, sin dejar de lado los problemas que existen todavía con la frecuencia de las unidades del metrobús y las paradas que resultan incómodas para cientos de personas.
En comparación con los polémicos “diablos rojos” las cosas han cambiado, pero es necesario que se realicen ajustes importantes que garanticen a los ciudadanos un servicio confiable, eficiente y sobre todo estable.
Cuando se paraliza el transporte público, se detiene la economía del país. De eso no debe existir duda alguna.
Las empresas sufren cuando se registran paros y protestas en este sector. Los empleados llegan tarde a sus puestos de trabajo o simplemente no llegan porque no tienen forma de movilizarse.
Los operadores del metrobús han presionado a la empresa concesionaria y reclaman desde salarios hasta mejores condiciones laborales.
El tema es delicado porque sus acciones de protesta tienen una consecuencia social y económica.
El Gobierno ha sido claro al advertir que la relación laboral entre la empresa y los operadores debe ser ventilada en el Ministerio de Trabajo, pero persisten las amenazas. La situación permite hacer una evaluación de las condiciones actuales del servicio y la potestad del Estado. Es necesario que el Gobierno intervenga de alguna forma para garantizarles a los usuarios un servicio decente.
Con la puesta en marcha del metro, es necesario que este sistema complementario funcione bien. No puede suceder algo así otra vez.
