Los descalificadores
Los opositores al Gobierno se han centrado en descalificar todo. Desde personas hasta obras que son de beneficio para los ciudadanos.
Esta mala costumbre no es nueva, pareciera que es el único recurso que conocen para poder acceder al poder. Destruir cada cosa que realice el Gobierno de turno y desprestigiar con acusaciones sin pruebas a cualquiera que ocupe un cargo público.
En ocasiones solo se limitan a decir que las personas designadas no están capacitadas para el puesto o tienen conflicto de intereses. Sin embargo, tanto el Partido Revolucionario Democrático como el Partido Panameñista han nombrado y respaldado esta práctica.
La Constitución de la República es clara y define los poderes de cada órgano del Estado. En lo relacionado a los puestos controversiales, como magistrados y el procurador de la Nación, le concede esa potestad al Órgano Ejecutivo y su ratificación al Órgano Legislativo.
Todos los presidentes han designado magistrados, procuradores y hasta funcionarios de puestos claves, que permanecen por más de un periodo gubernamental. Eso no es ilegal y así lo entienden, sin embargo, lo que generan en torno a estos nombramientos es puro conflicto.
La sociedad tiene todo el derecho de expresarse sobre las personas que son designadas y ratificadas, pero no es justo descalificar a las mismas sin antes conocer sus ejecutorias. Nadie puede ser considerado un incapaz para un cargo sin antes dejarlo trabajar.
Las críticas constructivas no son dañinas, sin embargo, aquellas que pretenden desestabilizar al país o generar un clima de intranquilidad si lo son. Con el tiempo se puede evaluar el resultado o tendencias; mientras tanto hay que respetar.
