Los enemigos de la solidaridad
El Fondo Monetario Internacional (FMI) en su reciente documento titulado “Panamá: Concluding Statement of the 2015 Article IV Mission”, publicado electrónicamente el 13 de marzo de 2015, lanza nuevamente un conjunto de criterios que, disfrazados de recomendaciones, constituyen verdaderas exigencias de políticas económicas, diseñadas todas en favor de los intereses del capital financiero global y sus asociados locales. Estas, en manos de un gobierno antinacional, como el que hoy gobierna al país, constituyen una amenaza real para el bienestar de la mayoría de nuestra población.
Entre estas exigencias del FMI se destaca una que requiere especial atención, la cual se refiere al futuro de la Caja de Seguro Social (CSS). Se trata, concretamente, del requerimiento de realizar una nueva reforma del sistema de pensiones (punto 7 del documento). Frente a esto resulta útil volver a recordar la naturaleza y el origen de los actuales problemas del Programa de Invalidez Vejez y Muerte (IVM).
Hoy, cuando altos funcionarios del actual gobierno plantean con soltura de cuerpo que cualquier sistema de pensiones con solidaridad intergeneracional no es ético, resulta claro que estamos frente a una nueva ofensiva de los enemigos de la solidaridad.
A principios de la década de los años 2000, la economía panameña se encontraba en una situación difícil, la cual se refleja en el hecho de que la tasa de crecimiento promedio anual del PIB entre el 2000 y el 2004 alcanzó tan solo 3.0%. Esto significó dificultades para la CSS, ya que, por ejemplo, en el año 2003 existían apenas 652,021 cotizantes activos, cifra inferior a los 661,385 observados en el 2000. Más aún, entre 1999 y el 2004, la tasa de crecimiento promedio anual de las remuneraciones de los asalariados fue de 3.3%.
Las lógicas dificultades financieras generadas por la situación descrita fueron aprovechadas por los sectores dominantes para darle un duro golpe al sistema solidario de seguridad social. Fue así que durante el gobierno del PRD (2004 – 2009) se conformó una alianza de enemigos de la solidaridad, a la cual, además de este partido, se adhirieron los capitales vinculados a los fondos de pensión privados, los diputados del ahora Partido Panameñista, el Partido Popular y algunos sectores cooptados de la sociedad civil, los que actuaron con la complicidad de algunos funcionarios del PNUD, que hoy ocupan altos cargos en el actual gobierno. Estos fueron los que diseñaron y aprobaron la Ley 51 del 27 de diciembre de 2005.
Esta ley, como hemos explicado anteriormente, destruyó las bases del sistema solidario, conocido como régimen de beneficio definido, que es un modelo en el que las pensiones de la generación que está jubilada son, en buena medida, apoyadas por las cuotas de los cotizantes activos. El mecanismo de demolición fue sencillo: se determinó que todo nuevo cotizante de la CSS tenía que ingresar al subsistema mixto (fundamentalmente de cuentas individuales), cuyas finanzas no podían ser utilizadas para respaldar a quienes quedaron en el sistema solidario. Apareció una generación que hoy está cotizando de manera solidaria, ya que quedó en el sistema de beneficio definido, pero que no tiene a ninguna generación que una vez se pensione sea solidaria con la misma.
La aberración planeada de los enemigos de la solidaridad se evidencia en el hecho de que los mismos fabricaron el escenario que llevó a la reforma. Es así que mientras proyectaban tasas de crecimiento reales anuales de la economía de cerca del 3.0% anual, la misma creció entre el 2005 y el 2012 a una tasa real superior al 8.0%. Así mismo, supusieron una tasa de crecimiento de los cotizantes activos que crecería entre el 2005 y el 2013 en 32.2%, mientras que la tasa observada terminó siendo de 92.8%. En el caso de las remuneraciones proyectaron que del 2005 al 2012 solo crecerían en 53.8%, en condiciones que en la realidad se expandieron en 112.7%.
En el fondo, la estrategia fue clara: evitar que el sistema solidario se capitalizara en el periodo de auge de la economía, creando así las condiciones para su quiebra, lo que justificaría una profundización de la destrucción de la solidaridad, el aumento de la edad de jubilación y un mayor uso de los fondos de la CSS en beneficio del capital financiero. Hoy, cuando altos funcionarios del actual gobierno plantean con soltura de cuerpo que cualquier sistema de pensiones con solidaridad intergeneracional no es ético, resulta claro que estamos frente a una nueva ofensiva de los enemigos de la solidaridad.
Las tareas aquí son claras: aclarar la situación a la población y organizarse para la resistencia. Si lo hacemos bien, la movilización del pueblo hará que los gobernantes y los sectores económicamente dominantes entiendan el precepto bíblico: “honrarás a tu padre y a tu madre”.
