¿Los matamos a todos?
Ningún delincuente saca la calculadora antes de cometer un crimen. Ninguno calcula la cantidad de años que le caerán encima si lo atrapan tras cometer un delito.
Por eso, aumentar los años de castigo no reduce, por sí solo, el índice de criminalidad de un país. Y Panamá no es la excepción.
Sumar años a una pena es una medida solo para conformar a la tribuna. O lo que es lo mismo: una medida cortoplacista para sumar imagen positiva.
Igual lógica se podría aplicar para la pena de muerte. Liquidar a los delincuentes que cometan crímenes aberrantes no solucionará los problemas de inseguridad. Ninguno.
Según el director del Centro de Información sobre la Pena de Muerte de Estados Unidos, Richard Dieter, que un país modifique su legislación para implementar la pena capital sería un “retroceso”. Y lo dice, justamente, una persona cuyo país sí la implementa.
El debate volvió a los periódicos tras la ejecución, por inyección letal, de Troy Davis el último jueves. Troy –ejecutado en Georgia- se convirtió en el número 1268 en cumplir la pena de muerte desde que Estados Unidos la implementó en 1976.
Pero el asunto de la inseguridad va mucho más allá de pasar a una persona por la guillotina.
La inseguridad refleja, ni más ni menos, el resultado de una enfermedad en la piel de la sociedad. Un sarpullido molesto. Para reducirla, se necesitan políticas a largo plazo que ataquen factores sociales, económicos y culturales.
Y, en el mientras tanto, lo que debe existir es una “certeza” del castigo. El que las hace, las paga.
Pero con la sensación de impunidad actual este último asunto se torna imposible. Para revertirlo se necesita tiempo y trabajo.
Justo lo que no tiene Panamá. O parece que no tiene. Entonces, llegan las soluciones mágicas: aumento de penas y pena de muerte.
No importa que no sirvan.
