Los partidos políticos y los intereses económicos
Los intereses de los sectores económicamente dominantes dirigidos a utilizar al Estado como palanca de su acumulación de ganancias y riquezas, así como los intereses de los partidos políticos, que no son más que franquicias electorales, coinciden plenamente en mantener el sistema clientelista - depredador que caracteriza nuestra esfera política. Entender esta simbiosis resulta útil para valorar el contenido de las propuestas de reformas electorales.
Desde la perspectiva de los intereses económicos, el ejercicio de su influencia sobre los gobiernos les resulta atractiva por diversos motivos. En primer lugar, porque el gasto público les resulta una importante fuente de demanda de bienes y servicios, de la cual se pueden obtener ingentes ganancias. En Panamá esto se puede dimensionar teniendo en cuenta el tamaño del presupuesto para el próximo año. Este, de acuerdo con la información disponible, representaría un gasto público anual de $21 mil 670 millones, cifra equivalente a casi el 37.0% del producto interno bruto (PIB) proyectado para el 2017. La propensión hacia la falta de transparencia observada en las compras e inversiones públicas no es, por tanto, una casualidad.
El interés de los sectores dominantes por controlar las acciones estatales no se agota en lo anterior. Los mismos buscan, además, que las gestiones gubernamentales eviten la presencia y aplicación de regulaciones que, aunque sean socialmente convenientes, puedan afectar sus ganancias, lo cual es obvio, por ejemplo, en el evidente descuido con que se aplican las medidas ambientales por parte del Ministerio del Ambiente, así como en la complacencia de las autoridades de la Caja de Seguro Social que no se inmutan con la presencia de más de 109 mil trabajadores de empresas formales cuyos empleadores ni siquiera los declaran a esta institución. A esto se suman las presiones de los sectores económicamente dominantes para que el Gobierno les permita espacios de competencia restringida y evite que las justas demandas laborales de los trabajadores puedan tener éxito.
Lo que permite la articulación de los intereses económicos con las acciones gubernamentales está dado por lo que se conoce como el régimen de la partidocracia. En este esquema los partidos existentes, por lo costoso que significa su formación, no son más que expresión de las fracciones económicas que financiaron su existencia. Al carecer de un verdadero carácter programático y de compromiso serio con las necesidades de la población, la partidocracia también precisa de una gran cantidad de dinero para llevar adelante sus campañas políticas basadas en el engaño y el clientelismo. Es aquí donde a la vergonzosa utilización de los fondos públicos, provenientes del mal llamado subsidio electoral, se suman las "donaciones" que para tal fin entregan los sectores económicamente dominantes, asegurándose así el favor de los políticos gobernantes.
Desgraciadamente, las reformas electorales propuestas por el Tribunal Electoral con la complicidad del Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales, lejos de mejorar esta situación la profundiza. Hace falta, entonces, una constituyente originaria que conduzca al país hacia un desarrollo humano con equidad, justicia social y sostenibilidad ambiental.
Economista
