Los principios del subsidio electoral panameño
La propuesta formulada por el presidente Ricardo Martinelli, consistente en utilizar los fondos que se destinan a la porción post-electoral del subsidio estatal a los partidos políticos, para sufragar una parte de la promesa de aumento a los jubilados, merece una reflexión.
El financiamiento oficial a los partidos políticos se introdujo en la reforma electoral del año 1997. Según el magistrado Eduardo Valdés Escoffery, en su obra Acontecer Electoral Panameño, hay nueve principios filosóficos sobre los que descansa el llamado subsidio electoral.
Seguridad jurídica, seguridad económica, igualdad de oportunidades, representación popular, no impactar negativamente el presupuesto nacional, fortalecimiento institucional de los partidos políticos, contribuir a la vigencia de la oposición política, eficacia del subsidio y solución parcial, son esos nueve principios.
Válida es la inquietud sobre la fiscalización y transparencia en el manejo de esos dineros públicos. Allí no hay espacio para el debate.
Lo que parece discutible es la eliminación del subsidio, dejando a los partidos políticos en manos de los donantes privados, algunas veces de muy dudosa procedencia. Esa no es una manera atinada de fortalecer la institucionalidad de los partidos políticos ni de asegurar igualdad de oportunidades, ni mucho menos de contribuir a la vigencia de una oposición política, todas premisas importantísimas para la democracia.
