Los Protocolos de la Muerte imperan en Panamá

Cuando hace un año se escenificaron los terribles hechos de Changuinola, la Policía indicó que todos los métodos que utilizaron para contener las protestas habían sido necesarios. El informe de la comisión designada por el propio Ejecutivo reveló posteriormente que: “las fuerzas del orden no contaban con guías o protocolos”.

El 9 de enero de 2010, nuestro pueblo fue testigo del horror en el Centro de Cumplimiento de Menores de Tocumen cuando varios jóvenes resultaron quemados dentro de la celda en que se encontraban, ante la actitud impasible de los policías. Frente a la indignación ciudadana que provocó el suceso, la Policía se defendió aduciendo que había cumplido con el protocolo.

Seguramente dirán lo mismo de la represión que lanzaron en Colón contra los niños de la Escuela República de Bolivia, sus padres y docentes que protestaban por las aguas negras concentradas frente al plantel.

Ante los cuestionamientos por su forma de proceder en torno a la presencia de la bacteria asesina KPC, de cuya existencia se les había advertido, según el Ministro de Salud, en diciembre de 2010, las autoridades de la Caja de Seguro Social (CSS) expresan que cumplieron con el protocolo.

Esta vez no se trata de policías, sino de civiles, técnicos y médicos que hicieron uso del mismo argumento. Tristemente, un par de galenos, por razones familiares, políticas e ideológicas, han salido a defender lo que a todas luces es un acto de negligencia administrativa y un atentado contra la vida. Pretenden justificar lo injustificable. Afortunadamente, los gremios de profesionales de la salud y reconocidos especialistas en la materia han sabido cumplir un papel digno en medio de esta crisis que mantiene en vilo a la opinión pública.

El cumplimiento de los llamados “protocolos” le ha salido caro al pueblo. Ha significado un trágico saldo de muertos en apenas 2 años de Gobierno. En Changuinola oficialmente 2 muertos, pero según otras fuentes pueden superar la decena, la mitad de ellos niños. Agréguele a ello, más 500 heridos, 72 de ellos ciegos total o parcialmente. Siete menores muertos quemados vivos en Tocumen. Mientras en la CSS oficialmente 16 muertos, aunque otras fuentes aseguran que superan los 50.

Así es como se conduce actualmente nuestro país. Con políticas represivas, violatorias de elementales derechos humanos y destinadas a profundizar el deterioro de los servicios públicos para justificar su privatización.