Los reguladores, ¿regulan?
Estamos ya, una vez más, en el agitado periodo de fin de año. Entre otras cosas, resaltan los deslumbrantes adornos navideños, una generalizada inquietud de las personas, la intención, por lo menos, de promulgar un espíritu de convivencia armoniosa y el voraz aparato publicitario de la empresa privada. Este último, sobre todo, cobra cierta relevancia en un año en el que Panamá se ha visto en no pocas ocasiones como el foco de la conversación en materia de regulación comercial. Resulta interesante observar el frenesí de consumo que envuelve el día a día de estos últimos meses de un año que ha visto algunos de los eventos y decisiones que más puedan llegar a afectar la manera en que consumimos en los años por venir. Desde el Caso Waked y los Panama Papers, hasta el Brexit y la elección presidencial de los Estados Unidos de América, pasando por el acercamiento de Cuba a los mercados internacionales y la estrepitosa caída en picada de la economía venezolana. Es de esperarse, entonces, que ante tanta incertidumbre se tengan organismos listos y preparados para enfrentar los nuevos retos que asoman en el horizonte del comercio nacional e internacional. Y, sin embargo, no es del todo claro la respuesta a la pregunta, ¿qué tan efectivos son los entes reguladores?
“Si logramos una efectiva justicia y paz social, ¿no seremos ante los ojos del mundo y de nuestros nacionales un país más atractivo para la inversión de capitales? ¿Con tarifas bajas y promoviendo la competencia entre los actores involucrados, no se logrará una mejor imagen como Nación?”1
Entre estas dos interrogantes es posible extraer algunos puntos de importancia que nos ayudarán a tener algo de perspectiva, no solo para esta época del año sino para muchos años más.
La primera es el concepto de regulación, su interpretación e implementación. En asuntos comerciales, Panamá cuenta con la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco). En una nota técnica publicada por la entidad en 1997, se dice que la finalidad de la regulación es “promover el uso eficiente de los recursos económicos. Las variables económicas claves para la eficacia del marco regulatorio son las condiciones de competencia, la política de precios y los incentivos a la reducción de costos. Agrega adelante en la misma nota, “La disponibilidad de un marco legal es importante pero no es condición suficiente para que la regulación cumpla exitosamente su objetivo. Las posibilidades de éxito son, entre tanto, mayores en la medida que las informaciones necesarias sean disponibles y los objetivos definidos sean mutuamente compatibles, condiciones que no siempre están presentes.”2 Como se dijo antes, tenemos, concepto, interpretación e implementación.
En la arena internacional, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), tal vez, sea uno de los participantes más relevantes y uno de los más escuchados este año bajo la sombra de los infames Papeles de Panamá. Este organismo internacional tiene que decir sobre la regulación, “Los gobiernos deberían involucrarse más para mejorar el diseño y emisión de nuevas regulaciones, ya que incluso pequeños esfuerzos para mejorar fallos regulatorios pueden traducirse en impactos positivos y tangibles sobre la actividad económica y el bienestar”. Continúa conceptualizando, las regulaciones “son herramientas esenciales, junto con los impuestos y gasto, para obtener objetivos políticos como crecimiento económico, bienestar social, protección ambiental y globalización”3. A pesar de tener bien definidos los dos primeros puntos, concepto e interpretación, en el mismo reporte citado antes, la OCDE reconoce que la implementación sigue siendo la parte más débil en la gobernanza regulatoria.
Es justamente este último punto que resulta el más delicado y problemático cuando se trata del tema de regulación. Como suele pasar con el ser humano, casi todos parecen estar de acuerdo en lo que se debe hacer pero, no todos están dispuestos a tomar las acciones necesarias para llevarlo a cabo. Una de las iniciativas más significativas que está llevando a cabo esta organización es la de incentivar el uso por parte de gobiernos e instituciones de la llamada economía conductual. Entre otras cosas, esta corriente de pensamiento busca el diseño de políticas de tal forma que los ciudadanos tomen mejores decisiones por sí mismos4. El uso de esta nueva herramienta se ha ido generalizando en países como el Reino Unido y los Estados Unidos con presunta evidencia a su favor. Sin embargo, cabe preguntarse si esta medida no es más que una transferencia de responsabilidades de las instituciones y gobiernos, aquellos encargados de regular, hacia el ciudadano común. Por otro lado, se le puede llamar empoderamiento.
Se sostiene, entonces, la premisa de que el meollo de esta y cualquier otra iniciativa regulativa está primordialmente en su implementación. El devenir del marco regulatorio de un país está en la decisión de sus instituciones de implementar de manera resolutiva y absoluta medidas concretas diseñadas con el bienestar social en mente, y en la continua práctica de estas medidas.
Ingeniero y docente universitario
