Los retos del defensor del pueblo
En un artículo anterior, señalaba que el defensor del pueblo es inexistente para la mayoría de los panameños, porque casi nadie lo conoce. Y es que, como se ha externado en diferentes medios de comunicación, "El discurso público del defensor del pueblo sigue siendo pobre, imperceptible y con un volumen en estado de mudez". Los dirigentes sindicales e indígenas denuncian que Alfredo Castillero Hoyos es un ombudsman ignorante de la realidad del país, que no se pronuncia sobre lo que le afecta al pueblo y que vive en las sombras.
El dirigente Ricardo Miranda, de la comarca indígena Ngäbe-Buglé, señala que "el defensor del pueblo está de parte del Gobierno y que ayer su visita a la comarca fue un simple simulacro". Y por otro lado, el secretario general de Conusi, Genaro López, dijo que "Castillero Hoyos debería estar defendiendo las necesidades del país y exigiéndole al Gobierno que cumpla con la población, sin embargo no se ha visto la ayuda ante la situación crítica de salud que presenta la población".
Todos estos cuestionamientos de los medios de comunicación (que son el reflejo del sentir de la población), de los ciudadanos en general, de los sindicalistas, de los indígenas, de diferentes gremios de la sociedad civil, a fin de cuentas son una evidencia de que nadie cree en la Defensoría del Pueblo y mucho menos en el que la representa, porque no se siente el compromiso del defensor de verdaderamente defender los Derechos Humanos de los panameños.
El artículo 129 de la Constitución Política establece que la Defensoría del Pueblo velará por la protección de los derechos y las garantías fundamentales consagradas en la Constitución, así como los previstos, en los convenios internacionales de Derechos Humanos y la ley, mediante el control no jurisdiccional de los hechos, actos u omisiones de los servidores públicos y de quienes presten servicios públicos, y actuará para que ellos se respeten. Con base en lo anterior, uno de los principales retos del defensor debe ser exigirles, tanto al Ejecutivo como al resto de las autoridades nacionales, que cumplan con la Ley N.° 59 de 28 de diciembre de 2005, para que no se siga despidiendo a funcionarios en abierta violación a esta ley y se reintegre a los que han sido destituidos.
Hasta ahora no se ha visto ningún pronunciamiento del doctor Castillero para exigir que se cumpla la Ley 59, "Que adopta normas de protección laboral para las personas con enfermedades crónicas, involutivas y/o degenerativas que produzcan discapacidad laboral". Esta ley prohíbe discriminar de cualquier forma a los trabajadores que padezcan estas enfermedades que les produzcan discapacidad laboral.
La prueba de fuego del doctor Castillero en cuanto a su independencia, será asumir una posición enérgica para que se respete la Ley 59, y no se siga despidiendo a funcionarios amparados por esta ley, simplemente por razones políticas, y sin que a nadie le importe el dolor de estas personas que necesitan de su empleo.
Presidente de la Fundación Guardianes del Ambiente.
