Los supuestos expertos en materia de seguridad
Afirmo que no hay en la administración del presidente Martinelli una función pública más eficiente y productiva y a la vez, ingratamente incomprendida, que la labor desarrollada por el Ministerio de Seguridad. Es increíble cómo algunos medios, sin ningún sonrojo, publican opiniones, emiten entrevistas y dan crédito a supuestos expertos en materia de seguridad, cuyos antecedentes y ejecutorias son más que dudosos.
Algunos son exoficiales de las fenecidas Fuerzas de Defensa, añorando los viejos y buenos tiempos cuando el país era más seguro, olvidando que la principal causa de inseguridad eran ellos mismos y que, probablemente, el supuesto experto lo sea, en lanzar cristianos desde helicópteros o en cual es la mejor manera para que desaparezcas de la faz de la tierra, sin que nunca nadie encuentre tus restos.
Otros reciclados en tiempos de democracia muestran una experticia verbal y académica que no demostraron al mando del Ministerio durante el mandato de Martín Torrijos.
Martín Torrijos inicia su mandato en 2005. Ese año se produjeron en el país 364 homicidios. A partir de ese año, comienza una impresionante curva ascendente que tiene su cenit en 2009, cuando alcanzamos la estremecedora cifra de 818 homicidios; la cifra más alta en nuestra historia, equivalente a una tasa de 23.7 homicidios por cada 100 mil habitantes.
Esa fue la crítica situación que encontraron el presidente Ricardo Martinelli y el ministro José Raúl Mulino. Una frontera dominada por la guerrilla, paramilitares y otras bandas criminales. Mar territorial y espacio aéreo a disposición de los carteles de la droga, alta criminalidad urbana y escandalosa tasa de homicidios. Una política de seguridad ambivalente y demagógica llamada “mano amiga” y una fuerza pública prácticamente desarmada, sin medios técnicos, de transporte ni de comunicaciones para enfrentar el crimen organizado. Tres años después, los resultados son significativos. En el primer año del nuevo gobierno y bajo la conducción del ministro Mulino se logra revertir la tendencia terminando 2010 con 759 homicidios.
En 2011 se reafirma la tendencia disminuyendo a 704, culminando al 31 de diciembre de 2012 con 665 homicidios. De un promedio de 23.7 homicidios por cada cien mil nos encontramos hoy con un promedio de 18.0 por cada cien mil, que nos retrotrae a la tasa de 2008 que fue de 19.0, todavía alta, pero con una sostenida tendencia a bajar.
Aun así, con pleno conocimiento de la información, escuchamos a políticos, algunos medios de información y a charlatanes santificados como expertos hablando del incremento de la inseguridad.
Pero la reducción de la tasa de homicidios es solo un indicador. La realidad de un país cada vez más seguro es el resultado de la organización institucional de un Ministerio de Seguridad que junto a sus componentes (Senan, Senafront y Policía Nacional) fue necesario formar, capacitar y dotar de herramientas técnicas, equipos, transporte, capacidad logística y, lo más importante, de una doctrina de seguridad en democracia, respetuosa de la Constitución y la ley, no beligerante y obediente al poder civil.
El proceso de consolidación profesional e institucional de los estamentos que componen la fuerza pública y del Ministerio del que hacen parte, es el legado que dejará el ministro y que deberá proseguir. Su aporte al desarrollo se refleja en el aumento del turismo y de las inversiones, pues nadie viaja o invierte en un país al que se teme llegar. Pero también en la sensación de tranquilidad, en la reducción del temor ciudadano, en la posibilidad efectiva de disfrutar de la vida y en la creación de espacios públicos igualitarios donde los ciudadanos, sin distingos sociales, se encuentran sin miedos, conviven e interactúan.
Quizás el ministro José Raúl Mulino no sea el más popular. También le ha tocado enfrentar complejas situaciones de orden público, en las que el interés político se impone a la sensatez. Pero habrá que reconocerle, que luego de veinte años de democracia, durante su gestión como ministro, se organizó y consolidó un Ministerio de Seguridad y una fuerza pública profesional e institucional apegada a la Constitución y a la ley, obediente al poder civil, eficiente, pero también respetada y orgullosa de su papel en la sociedad.
