Mal augurio
En sus primeros seis meses de gestión, a la administración de Ricardo Martinelli le correspondió la tarea de designar a dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
La decisión debía ser analizada con detenimiento, pues se requerían figuras prístinas que adecentaran ese Órgano del Estado.
Para ello se conformó una comisión que presentó varios nombres con el perfil adecuado para ocupar ese puesto.
Sin embargo, el Gobierno desoyó las recomendaciones y en contravía nombró a dos personas cuya labor profesional estaba en entredicho.
El tiempo demostró que el Gobierno se equivocó. Tan solo un año y cuatro meses después, José Abel Almengor renunció, pues fue implicado en un escándalo por el supuesto complot ideado para sacar a la ex procuradora general de la Nación, Ana Matilde Gómez.
Además, que uno de los magistrados de una de las instituciones más importantes del Estado dimita tras un irregular suceso y que la Asamblea de Diputados archive las denuncias en su contra es una muestra del poco compromiso por hacer un Panamá mejor.
El Gobierno tuvo una segunda oportunidad para enmendar su desacierto, pero sigue empeñado en no querer escuchar.
Ahora, como reemplazo de Almengor en la Sala Penal de la Corte Suprema, nombró a Harry Díaz, quien presuntamente mantuvo lazos cercanos con el mandatario y militó en uno de los partidos que hoy goza del poder.
Este nombramiento ha empezado mal y puede terminar mal. Varios grupos ya cuestionan la designación y denuncian su ilegalidad porque presuntamente viola la Constitución Política.
El país y la Corte Suprema de Justicia no están para un escándalo más, por lo que los gobernantes deberían escuchar más a su pueblo.
Bien lo dijo el Jueves Santo el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, que en época de crisis debemos detenernos y meditar qué estamos haciendo y reflexionar.
El Gobierno parece no haber visto la crisis institucional que se avecina. Al parecer, espera una nueva sacudida.
