Mala decisión
En un país democrático es condenable, desde cualquier punto de vista, que se impida a un medio de comunicación cumplir con su misión de informar.
Existen los canales legales para reclamar alguna publicación, pero no se puede recurrir a la fuerza y menos a medidas de presión que ocasionan una afectación a terceros como es el cierre de calles.
Los ciudadanos tienen derecho a protestar, sin embargo, es ilegal atentar contra la libertad de tránsito de terceras personas, por lo que las autoridades están en la facultad de proceder contra cualquier organización que cierre calles.
Este hecho debe ser evaluado seriamente por las autoridades y evitar en un futuro que vuelvan a ocurrir.
Está muy claro dónde recae la responsabilidad de esta medida de presión y sería irresponsable señalar al Gobierno. Además, es igual de lamentable que grupos políticos se intenten involucrar en una situación tan delicada para buscar protagonismo político.
La libertad de expresión no es negociable, y cualquier acción que atente contra ella debe ser rechazada. El tema no debe ser politizado, porque se trata de un asunto complicado en el que pueden existir implicaciones legales.
Todos los sectores y organizaciones que componen la sociedad deben abogar por el respeto al derecho y las garantías de los ciudadanos. Toda acción que debilite la democracia afecta directamente a los panameños.
Es necesario respaldar cualquier pronunciamiento que vaya dirigido a fortalecer la estabilidad del país.
Panamá goza de bondades económicas y sociales especiales que lo hacen único en América Latina, por lo que sería ilógico generar un clima negativo. La paz debe siempre prevalecer.
