Mandar es servir
El joven rey de España, Felipe VI, sentó cátedra de teoría constitucional en un discurso reciente, al recordar lo que ha olvidado el presidente Juan Carlos Varela: “mandar es servir”, es decir gobernar prestando servicios a todos los panameños, tanto a los que ingenuamente votaron por él cuanto a los ciudadanos prudentes que votaron por otros candidatos. Para bien o para mal, nos guste o nos disguste, el jefe del Estado tiene la obligación ineludible de gobernar, satisfaciendo las aspiraciones y las necesidades de todos los panameños, porque representa a toda la nación. Existe una importante diferencia semántica y política entre ser panameño y ser panameñista. En consecuencia no debe gobernar sin tomar en cuenta la diferencia, sin incurrir en una anomalía constitucional. Pero cuando, por ejemplo, se nombra o recomienda al político panameñista Alberto Cigarruista como magistrado del Tribunal de Cuentas, o se designa a un contribuyente de campaña en el puesto de contralor de la República, o se ratifica por diez años más en forma vitalicia como magistrado del Tribunal Electoral a Eduardo Valdés Escoffery, se gobierna en función de unos pocos para que sirvan sus intereses políticos, dándoles la espalda a miles de panameños independientes de la afiliación de partidos.
La naturaleza ideológica de la democracia participativa insta a ejercer el gobierno no como un privilegio egoísta, sino cual un imperativo categórico para tomar en cuenta la participación de la sociedad civil en las sugerencias y propuestas que emita, o, por lo menos, para evaluarlas como parámetro de las decisiones fundamentales. Este es un punto para aclararles a los sectarios y a los ignorantes del régimen que no se pretende que el presidente se sienta obligado a ceñirse al pie de la letra en todas las recomendaciones que formulen los miembros organizados de la sociedad civil. Los planteamientos deben recibirse como una guía, como recomendaciones que transparentan la voluntad colectiva de participar en el buen gobierno de la nación.
Los gremios de abogados, contadores, administradores de empresas públicas, arquitectos, ingenieros, médicos podrían presentar listas de profesionales escogidos al margen de toda clase de favoritismos por su competencia técnica y su probidad moral para desempeñar cargos públicos. No deberíamos reciclar cada cinco años el procedimiento abominable de despedir a funcionarios designados por gobiernos anteriores para que ocupen sus posiciones elementos del gobierno en el poder público. Las deficiencias de la administración estatal se podrían corregir o atenuar si se formalizasen jurídicamente las sugerencias de la sociedad civil.
El nuevo procurador de la Administración, Rigoberto González, según se dice, recomendado por la diputada A.M. Gómez y no por la sociedad civil, tiene por delante, entre otros retos insoslayables, la formulación de nuevas políticas para que se respete y no se continúe vulnerando la ley de carrera administrativa. “Debemos hacer énfasis en que una de las fallas grandes de nuestra Administración Pública la constituye el dictar actos administrativos sin el cumplimiento de sus requisitos mínimos. A diario apreciamos actos administrativos sin número que los identifique, sin fecha de expedición, dictados por autoridad que carece de competencia, sin parte motiva, sin fundamento de derecho y obviando la indicación de los recursos gubernativos que proceden contra él mismo y el término para interponer los mismos”, sostiene el magistrado Víctor Benavides en su obra “Compendio de Derecho Público Panameño”.
