Marcha atrás
Las opiniones de prestigiosos constitucionalistas y de organismos de la sociedad civil influyeron en la retractación del volátil presidente del Tribunal Electoral (TE), Erasmo Pinilla, acerca del proyecto de reformas electorales para modificar las reglas vigentes en los comicios de mayo. Aplastados por la andanada de señalamientos adversos, los diputados del PRD y del panameñismo están obligados a echar en el canasto de los papeles inútiles, el proyecto presentado por un diputado habituado a la prepotencia legislativa. El TE no tiene otra alternativa que organizar elecciones en los circuitos sujetos a impugnaciones para dirimir democráticamente qué diputados obtienen el refrendo popular y cuáles han maniobrado para beneficiarse con la leguleyada inconstitucional.
Hablando de reformas electorales, la coyuntura es propicia para abrir un gran debate nacional no solo considerando las observaciones de los miembros de la Comisión Nacional de Reformas Electorales, sino que deben efectuarse consultas en las que participen los electores comunes y corrientes, quienes, en última instancia, son los principales afectados por los cambios al sistema electoral.
Existe consenso en la opinión pública contra la entrega perniciosa a los diputados del dinero asignado a obras públicas en los circuitos. Los diputados no deben manejar directamente el dinero, sino solicitar la administración de las partidas circuitales a ministerios y organismos públicos. Así se podría corregir la corrupción y los desgreños en la manipulación política de recursos económicos.
Sin embargo, la asamblea con votos de la alianza panameñista- perredista ha ahondado la situación al aprobar que ya no sea el PAN, sino los propios diputados los receptores personales de los recursos económicos. Se ha formalizado una alianza para traficar con los intereses del pueblo, otorgándoles licencia para manejos subordinados a su libérrima discrecionalidad.
Los diputados deben dedicarse a legislar y no a manejar millonarias sumas de dinero con criterio individual. Pueden gestionar la aprobación de partidas dentro de la planificación presupuestal de los ministerios. Su misión constitucional es fiscalizar la legalidad y la transparencia de las inversiones públicas del Órgano Ejecutivo, pero de ninguna manera abrir forados turbios a las distorsiones del gasto.
Los diputados no tienen sentido de autocrítica para asumir responsabilidades en la dispersión del gasto público. Quieren que se perpetúe en su provecho la recepción directa de las partidas circuitales, como ha puesto en evidencia la actual directiva de la asamblea, controlada por el panameñismo y el perredismo.
La Constitución establece que una de las funciones administrativas de la Asamblea es “examinar y aprobar o deslindar responsabilidades sobre la Cuenta General del Tesoro que el Ejecutivo le presente con el concurso del contralor, pero no administrar recursos económicos. Y le está prohibido a la asamblea “ordenar o autorizar otras partidas o programas no previstos en el Presupuesto General del Estado, salvo en casos de emergencia declarados por el Ejecutivo”.
La asamblea constituyente paralela, que prometió convocar el presidente de la República, deberá cortar de raíz el descontrol del gasto público procreado por diputados para diputados.
