Más de lo mismo
El nombramiento del candidato a diputado por el partido panameñista Alberto Cigarruista como magistrado del Tribunal de Cuentas por 10 años, muestra una vez más la mano peluda del sectarismo político. Antes, la misma persona fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia por razones políticas. La politización de los organismos públicos se ha convertido en algo normal del gobierno presidido por Juan Carlos Varela, también presidente del partido fundado por Arnulfo Arias. Un comentarista aseguró que Panamá ha vuelto a la normalidad con los nombramientos de personas relacionadas con los partidos suscriptores del pacto de gobernabilidad, que no es sino un reparto de puestos públicos para panameñistas y perredistas, que excluye a los independientes, sin padrinos que los bauticen.
No hay límites en el nepotismo político de los asociados políticos. Parecía que se había llegado al colmo del cinismo con el cargo vitalicio de Eduardo Valdés Escoffery, cuyo nombramiento por 10 años más es, según se ha dicho, para defender la estabilidad de la democracia, cuando es todo lo contrario. La Contraloría, el Ministerio Público, ministerios e instituciones autónomas son copados por legiones de panameñistas y perredistas que toman por asalto la administración pública, contra los dispositivos constitucionales que prohíben fueros y privilegios y las normas de estabilidad de la empleomanía pública. Todo parece indicar, por línea de carrera, que la política partidista decidirá las posiciones pendientes del dedo del jefe del Estado, que olvidó que fue elegido para gobernar sin excepciones para todos los panameños.
Se diluye la esperanza de que la administración pública y judicial de Panamá cuente con profesionales idóneos e imparciales. Los profesionales universitarios comprueban que se esfuma la posibilidad de brindar su concurso técnico al servicio de la nación, no de los partidos políticos. El Estado sigue en manos de empíricos improvisados que llegan a las cúpulas administrativas, ya por el canje de apoyos económicos, ya porque pegaron carteles de candidatos o pintarrajearon las paredes con lemas de partidos. Bajo esta clase de parámetros, la ineficiencia se escuda en el favoritismo, la corrupción se arropa en la impunidad. El Estado sigue en mal estado. Y las cosas van de mal en peor. Los problemas se acumulan por doquier. El transporte público está más enredado que rabo de cochino. La criminalidad campea impunemente en cualquier calle de la capital y provincias, sin que el jefe policial nombrado al margen de la ley orgánica de la institución atine en defender a la ciudadanía. Los huecos de las calles y carreteras convierten la circulación de carros en una competencia de ciclistas de montaña. El costo de vida se dispara impulsado con las nuevas tarifas de energía eléctrica en circunstancias que el barril de petróleo baja de los 50 dólares en el mundo. Las auditorías direccionadas con aleves propósitos de ensañamiento político paralizan las obras. No se paga a las empresas contratadas para obras públicas por órdenes de arriba. El gobierno peca por omisión al obstruir los avances de obras estratégicas del gobierno anterior porque las persecuciones políticas se definen por lo que huela a Martinelli. Líos de faldas llegan a los medios progobiernistas, especialmente a la TV, disfrazando intimidades clandestinas con revelaciones sin valor legal. A los testigos protegidos los protege la aberración antijurídica. El circo mediático tiene tres pistas.
