“Mea culpa” o “Yo acuso”

 

Desde que el “Centro de Integridad Pública” (con sede en Washington D.C.) divulgó el pasado 3 de abril el fruto de sus pesquisas,  el mundo y Panamá se cuestiona el alcance y consecuencias de estas revelaciones.

 

El escrutinio de los archivos robados de la firma forense Mossack Fonseca & Co., lo hizo  un consorcio de periodistas investigativos (ICIJ), financiados por ese Centro estadounidense, para montar una campaña moralista, con cobertura global, supuestamente contra la corrupción y el abuso de poder por parte de instituciones privadas y públicas.

 

Como suele pasar en relaciones desiguales, a pesar de que ciudadanos de los países ricos son los protagonistas principales de estas revelaciones, en especial los de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y del Grupo de 20 (G-20), le toca injustamente a Panamá profesar el “Mea culpa” expiatorio, por tener normas fiscales y tributarias propias (como cualquier país libre y soberano) y por su régimen (pronto a cumplir 90 años)  de sociedades capitalistas.

 

La gran mayoría de los grandes evasores de impuestos del mundo; de los políticos corruptos; de los bancos e instituciones financieras que albergan estos fondos mal habidos; de los infiernos tributarios y de los clientes (malos y buenos) de Mossack Fonseca se encuentran fuera de nuestras costas (“offshore” como lo tildan los anglosajones), condiciones propicias para un “Yo acuso” por parte de los panameños.

 

Por eso, acusamos al OCDE y G-20 de falsedades y difamación, comenzando con la gran mentira que nuestra legislación y doctrina de compañías se basa en prácticas nocivas que amparan la criminalidad.

 

De hecho, todas las compañías panameñas se inscriben en el Registro Público, son de acceso público y siguen el ordenamiento jurídico de nuestro país, que solo permiten acciones al portador plenamente identificadas, bajo custodia de un agente independiente.  

 

Su legislación, en especial Ley 23 de 2015, al incluir las actividades de contadores públicos, abogados y notarios públicos como entes supervisados por una Intendencia especializada del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) cumplen con la mayoría de los 10 principios de “transparencia de propiedad efectiva” establecidos por G-20 para combatir “la opacidad de personas legales y arreglos legales” (no así las de Estados Unidos y muchas otras jurisdicciones similares).

 

Acusamos a los países de OCDE y G-20 de ser los mayores usuarios de instrumentos legales que dotan a sus ciudadanos de personalidad jurídica para fines de evasión fiscal.   Suman millones de sociedades de capital variable, fundaciones privadas y todo tipo de entidades empresariales “offshore”, muy pocas incorporadas en Panamá.

 

Acusamos a esos mismos países de crear su propio infierno tributario; de crear una sociedad de inequidad económica; de tener ciudadanos indignados por las practicas corruptas de sus grandes empresas multinacionales; de la corrupción de sus líderes políticos; de permitir un sistema bancario y financiero en sus países que no cumple con la debida diligencia que nos exige a nosotros; de ser los mayores compradores de drogas ilícitas; de provocar y exacerbar  el terrorismo yihadistas, como  consecuencia de su colonialismo soberbio y racista de siglos pasados.

 

Panamá acusa.

Exdiplomático