Medio ambiente
El canciller Fernando Núñez Fábrega presentó a la Asamblea Nacional un proyecto de ley para la suscripción de un convenio de cooperación ambiental entre Panamá y Estados Unidos. Una de las premisas en que se funda es que el avance económico y social, y la protección ambiental, son componentes interdependientes del desarrollo sostenible, que se refuerzan mutuamente.
Es una declaración de principios que se aplica vigorosamente en Estados Unidos, pero que en Panamá a menudo alcanza solo un registro retórico, dada las limitaciones técnicas y presupuestales de la Autoridad Nacional del Ambiente. La cooperación de una potencia tecnológica como EE.UU., que cuenta con presupuestos para investigación y estudios, y un récord imponente de protección a los recursos naturales, constituye una alianza invalorable para que Panamá fortalezca su esmirriada capacidad en un área cada vez más estratégica.
El convenio tiene como eje central una comisión bilateral integrada por representantes de la Anam y el Departamento de Estado de EE.UU. La comisión tiene como objetivo, entre otros, el desarrollo conjunto de programas y acciones, incluidos los de demostración de tecnologías y prácticas, investigaciones aplicadas, elaboración de estudios científicos e informes.
Se trabajará en la conservación de especies comunes en peligro de extinción, manejo de parques marinos y terrestres. Incluye el intercambio de delegaciones científicas, profesionales, técnicos y especialistas ambientales. Esto resultará muy valioso si logramos ampliar el cuerpo de profesionales y técnicos panameños que investigan y laboran en el campo ambiental.
La Anam no tiene el recurso humano para atender los múltiples problemas ambientales, sea para poder verificar la capacidad científica de los estudios de impacto ambiental que presentan las empresas de construcción, o para contar con un plantel de especialistas que vigilen constantemente los parques nacionales y las áreas de protección ambiental terrestres y marinas. Existen áreas de la capital en las que florece el cemento, pero no se ve una brizna de hierba. Se autorizan rellenos marinos sin la garantía de estudios de impacto ambiental.
Estamos pagando las consecuencias del empirismo ambiental, incumpliendo con las obligaciones constitucionales sobre la protección integral del medio ambiente y los recursos naturales. El desarrollo científico y tecnológico norteamericano puede llevarnos a la renovación de la política ambiental y la formación de científicos y técnicos para llevarla a cabo. Los estudios de impacto ambiental ya no deben ser simples requisitos de orden burocrático. Debemos rescatar la confiabilidad de los pronósticos meteorológicos y no someternos a la improvisación de medidas coyunturales.
La Asamblea debe aprobar el proyecto de ley presentado por la Cancillería. El periodo de consultas puede enriquecerse con aportes de las organizaciones no gubernamentales, la Sociedad Panameña de Ingenieros, la Capac y la sociedad civil en general. El desarrollo sostenible tiene que reposar en el deber constitucional de propiciar un avance social y económico que prevenga la contaminación del ambiente, mantenga el equilibrio ecológico y evite la destrucción de los ecosistemas.
