Mensaje al Meduca y la Universidad
El presente mensaje pretender ser un paso más de un proceso sistemático dirigido a la renovación integral del sistema educativo que el país reclama como impostergable alternativa. Panamá necesita democratizar el contenido de su educación, que debe formar ciudadanos para una República; y adecuar su enseñanza a los requerimientos del desarrollo general del país.
La política educativa está inscrita en los deberes esenciales del Estado y es preciso que éste retome el rol de director, de planificador, de promotor del proceso educativo del país. Recordemos que la educación es un servicio público fundamental que cumple una función social permanente. De la sociedad recibe los medios económicos necesarios para su subsistencia y a su vez da a ésta los medios culturales para su vida espiritual y progreso material.
El sistema educativo panameño requiere hoy la revisión a fondo que surge como un reclamo del solo análisis de su panorama. Es preciso compensar los déficits sociales para aumentar el rendimiento del sistema escolar. Es necesario mejorar la calidad de la enseñanza pública. La enseñanza media no puede mantener su eje en una presunción humanística que no se compadece ya con la evolución del pensamiento pedagógico ni con el desarrollo científico.
Los institutos públicos de enseñanza, hoy debilitados y en retroceso, deben florecer como antaño, en fecunda competencia con los particulares. El trabajo y la producción deberán ser nuevamente fines cardinales de la educación, que debe constantemente realizarlos. La enseñanza técnico-profesional no debe ser un callejón sin salida sino un instrumento para la formación de ciudadanos que construirán el desarrollo nacional.
La educación debe encaminarse hacia una gran apertura que la saque de un feudalismo administrativo que la enclaustró en fortalezas formales, que bajo el rótulo autonómico la fueron conduciendo al peor de los sometimientos, que es el estancamiento. Quizás sea la Universidad de Panamá (UP) el máximo ejemplo de esa situación. Los diputados han impuesto otra vez su acción cómplice, mediante modificaciones de la ley universitaria, condicionadas al querer personalista, limitándose así, infortunadamente, las posibilidades de realizar una verdadera “Reforma Universitaria”, basada en una Planificación Integral de la Educación.
No hemos querido, sin embargo, dejar pasar la oportunidad de proponer para la UP un conjunto de normas que sin afectar su autonomía, garanticen la posibilidad de un proceso democrático de régimen legal, académico y administrativo.
