Mercado y delito
Miembro del Global Prosperity, de Oakland.
El heredero de Chávez, nuevo presidente del partido oficialista, aseguró que “vamos a… radicalizar la revolución”. Algunas medidas, según Ecoanalítica, serán la unificación de los tipos de cambio, la legalización del mercado paralelo de divisas, la flexibilización de los controles de precios, el incremento de la producción petrolera entre PDVSA y socios, el aumento de las tasas y la reducción del financiamiento del Banco Central a las empresas públicas.
La medida destacada es el aumento del precio de la gasolina, que se realizaría luego de una consulta pública por temor a un “Caracazo” como el de 1989, con cientos de muertos, tras el paquetazo de Carlos A. Pérez, que incluía la subida de los derivados del petróleo y el consiguiente aumento de las tarifas del transporte. En Venezuela la gasolina cuesta $0.02 por litro. El Estado estaría perdiendo $15,000 millones anuales y debe lidiar con problemas como las mafias que lo contrabandean hacia Colombia.
Dada la barata gasolina subsidiada, resulta un gran negocio contrabandearla hacia otros mercados. Esto muestra cómo el delito, al igual que todo en el mercado natural, en la sociedad ordenada por la naturaleza, responde a la oferta y demanda: mientras el “crimen” suponga grandes ganancias en contraste con la marginalidad de muchos, seguirá existiendo, y la muerte o cárcel de un delincuente solo provocará su reemplazo por otro.
Ahora, la marginalidad, la pobreza y desocupación no pueden ser naturales en un mundo donde hay tanto para hacer. Así, la violencia de arriba -la represión, las imposiciones coactivas del Estado- engendra la violencia de abajo. Entonces, para detener el delito -y cualquier conflicto violento local o internacional- debe desarmarse la violencia de arriba.
El crimen generado abajo conlleva más gastos, más pobreza. Según la Cámara Americana-Guatemalteca de Comercio, solo las compañías de transporte de mercancías pagan $243 millones anuales -12% del presupuesto- en guardias, y son extorsionadas por las maras. Según el Banco Mundial, el gasto derivado de la violencia consume el 8% del PIB de Centroamérica, unos $19,500 millones, costo que supera el 19% del PIB en Honduras, según el Instituto para la Paz y la Economía (IPE) de Australia. “En 2013, Nicaragua incrementó 27% su gasto militar, Guatemala y Honduras 18%, Panamá 11% y Costa Rica -sin Ejército- 9.6% para equipo de policía”, informa el IPE. Según el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, entre 2000 y 2012 los homicidios se duplicaron en la región, a pesar de que el número de policías por cada 100,000 habitantes subió de 218 a 297.
