Microfinanzas: creciendo con inclusión
El tema del acceso a los servicios financieros, o inclusión financiera, es hoy día uno de los más relevantes en la agenda de desarrollo de los países. Algunos expertos han planteado el tema como una política pública, o de Estado, luego de haberse comprobado la correlación positiva entre la utilización de los servicios financieros y la inclusión social.
¿Qué se entiende por inclusión financiera? Esta se puede definir como una situación en la cual todas las personas que puedan utilizar servicios financieros de calidad tengan acceso a ellos, a precios asequibles, provistos por una variedad de proveedores de manera conveniente y con dignidad para con los clientes. La inclusión financiera se enfoca en cuatro dimensiones específicas: ¿Qué se provee? ¿Cómo se provee? ¿Quién lo recibe? y, ¿Quién lo provee?
La industria de las microfinanzas se considera el motor para el crecimiento económico y la inclusión, como herramienta para apalancar financieramente a los segmentos más pobres de la población. El acceso a toda una variedad de servicios financieros, es decir ahorro, crédito, transferencias, pagos y seguros, permite a los hogares y microempresas mitigar choques adversos que reducen sus ingresos deteriorando el bien estar de las personas.
Experiencias señalan que cuando se articularon políticas integrales, con marcos regulatorios no restrictivos, incentivos que no afecten la competitividad, programas y proyectos de apoyo al desarrollo institucional, se logra una mayor efectividad y sostenibilidad, garantizando la permanencia y crecimiento del sector microfinanciero y de la inclusión. Estas medidas, aunadas a una infraestructura y tecnología de avanzada, en alianza con reguladores, actores del sector financiero y otras empresas de servicios; y, con la implantación de modelos de negocios innovadores, enfocados en las necesidades del individuo, se logran resultados financieros suficientes para atraer inversionistas y consolidar la sustentabilidad del sector y expandir los servicios a más personas que los necesitan.
Entre los más importantes aspectos de la inclusión financiera, están los indicadores de profundización y alcance financiero. La profundización financiera se refiere al impacto económico y social que generan los flujos de capital en mercados previamente excluidos, contribuyendo al desarrollo humano de los hogares de menores ingresos y a estimular el crecimiento económico; en cuanto al alcance tiene que ver con la accesibilidad a los servicios financieros. Ambos indicadores se asocian a condiciones que ocupan lugar prominente en la mayoría de los países emergentes, que afectan segmentos de la población de bajos ingresos, poblaciones rurales, grupos étnicos, micro y pequeñas empresas y el sector informal impidiendo su desarrollo integral.
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que fueron firmados por 191 Estados Miembros de la ONU, comprometen a los dirigentes mundiales a luchar contra la pobreza, el hambre, la enfermedad, el analfabetismo, la degradación del ambiente y la discriminación contra la mujer. La Declaración, con metas específicas para el 2015, en su primer enunciado establece “Erradicar la pobreza extrema y el hambre”. A raíz de esto, en los últimos años, se ha logrado dar acceso a servicios financieros a millones de hogares en el mundo, aun así la tarea no ha sido suficiente, según “Financial Access 2010” publicación del CGAP del Grupo del Banco Mundial, más de la mitad de los hogares del mundo permanecen sin acceso a una cuenta bancaria, dependiendo de servicios financieros informales, los cuales son costosos y poco confiables.
Según el documento Panorama Social de la CEPAL, para finales del año 2011 América Latina contaba con aproximadamente 170 millones de pobres, de los cuales cerca de 70 millones son indigentes, es decir el 40% de personas en pobreza extrema, en algunos países más, en otros menos. La pobreza se agrava, mientras que las decisiones políticas olvidan o excluyen los segmentos de bajos ingresos, de zonas marginadas, de las periferias de las ciudades, en las zonas rurales alejadas o áreas de catástrofes naturales provocadas por el cambio climático, lo cual incrementa riesgos de perder cosechas y otros bienes o que afectan las actividades productivas de toda índole.
El desafío es lograr un desarrollo socio-económico integral, con impacto social visible, con un enfoque en actividades productivas que generen empleo en comunidades donde el ingreso per cápita es de hasta 20 veces menor que los promedios nacionales. Recientemente, Flavio Comim, asesor del programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD), exhortó a los gobiernos, actores de la sociedad civil y al sector privado, establecer enfoques uniendo esfuerzos para promover el desarrollo social de la región.
Director Ejecutivo de Redpamif.
