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¿Mil para qué?


Muchos se preguntan cómo se justifica un gasto de mil millones de dólares para comprar los corredores. No soy la excepción. ¿Se trata de un renglón prioritario en la agenda estatal? No. Ni siquiera se tenía contemplado el gasto presupuestario, en cambio el gobierno cuenta con planes mucho más ambiciosos en monto e infraestructura que éste. ¿Recuperaríamos estas carreteras en tiempo útil? No. Los gobiernos pasados tienen una cuota de responsabilidad en esta situación por haber efectuado adendas que dieron luz verde al incumplimiento de ciertos tramos, no corrigieron ambigüedades del contrato, o buscaron un equilibrio.

Se habla de un entendimiento entre las partes, pero hasta la fecha nadie conoce los detalles del memorándum. Aún así, el pueblo conocerá los frutos de esta transacción diez años después de efectuada. Tampoco se aclara el estado del los gravámenes hipotecarios que mantiene PYCSA.

El dinero para este propósito se obtendrá del flujo de caja –sin aumentar el peaje- y de la venta de los terrenos aledaños a Atlapa, que podría contribuir a un retorno más próximo de la inversión. Contrasta esta situación con las necesidades básicas por las que atraviesa la población; mejora de servicios de salud, creación de empleo, vivienda, alimentación, educación. Es decir, se trata de una cifra importante como para destinarla a la compra de carreteras que ya cumplieron la mitad de su vida contractual y prácticamente su vida útil que es lo que se estima el pavimento del concreto.

¿Cuál es la prioridad en este aspecto? ¿Porqué da la impresión de que se trata de un tema que le urgía resolver al gobierno si políticamente hablando no verán resultados inmediatos? Los peajes no disminuirán o desaparecerán. ¿Cuál es el acierto político del gobierno en esta transacción?

Da la impresión que se trata de un buen negocio mas que del beneficio del pueblo panameño.