Minas antipersonales en Darién
Algunos asumen que fueron los guerrilleros, otros dirán que fue el ejército colombiano que tiene antecedentes de atacar a su enemigo fuera de sus fronteras; pero como Panamá carece de investigadores especializado en escudriñar la escenas de un crimen (SCI), ya las pruebas del mismo habrán desaparecido y nunca se sabrá quién fue el que cometió ese delito tan espantoso que ha dejado a dos jóvenes lisiados para siempre y a un país preocupado.
¿Qué pasara cuando ya sean veinte los policías-soldados nuestros lisiados y se sumen civiles a la lista? Comenzarán las marchas de presión para que el país se retire del conflicto y nos limitemos a la cooperación de inteligencia.
El objetivo de la mina no es matar sino lisiar y desmoralizar al enemigo, así como colapsar su sistema de atención al herido de guerra. Presentar a los discapacitados de guerra ante la tropa, deja el gusanillo del temor taladrando la mente del soldado bisoño, sus familiares y la población en general y ese es el objetivo primordial de las minas anti-persona.
Ocurrido el hecho horroroso al cual nos referimos, es obligación del gobierno contratar una o más de las compañías desminadoras (a veces son las mismas que construyen las minas) para que limpien el área y se determine la procedencia de dichos artefactos. Luego de eso, llamar al grupo o país señalado y llegar a un acuerdo de no agresión. El Panamá de la Guerra de los Mil días no es el Panamá de ahora. Las personas encargadas de desactivar las minas han sido objetivos de francotiradores, por lo que su contratación es onerosa. Si fabricar una mina cuesta menos de veinte dólares desactivarla cuesta diez veces más. A más de 10 años de la firma inicial del tratado de Ottawa (septiembre 1997), 156 países se han adherido al mismo, prometiendo el no uso de minas anti-personas en conflictos. Esperemos que así sea. Oremos al altísimo para que la paciencia del panameño autóctono no se acabe y no tengamos entonces nuestro propio conflicto armado.
